Los funcionarios de Justicia deciden en referéndum si desconvocan la huelga

Bermejo satisfecho con el acuerdo

Los sindicatos mayoritarios ya han desconvocado la huelga, pero falta la palabra de los funcionarios. Los sindicatos CSI-CSIF y STAJ van a someter este lunes a referéndum de los trabajadores el acuerdo firmado por CCOO y UGT con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Dependiendo del resultado de la consulta se sumarán o no a la desconvocatoria de la huelga. Los funcionarios de Justicia de las comunidades sin las competencias transferidas llevan más de dos meses de paros.

El acuerdo alcanzado este domingo supone para estos trabajadores un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene que compense lo no cobrado durante este primer semestre. Es algo menos de los que pedían: 200 euros al mes con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008.

El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha cerrado "in extremis" un acuerdo con los sindicatos de Justicia.

En rueda de prensa tras el fin de las negociaciones, y mientras en la calle un centenar de trabajadores protestaba por el acuerdo, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, se ha mostrado convencido de que la huelga "ha tocado a su fin" sin que "nadie salga con cara de vencedor ni de vencido".

División sindical

Mientras los líderes de la función pública de UGT y CCOO -los dos sindicatos mayoritarios- decidían firmar por la tarde el documento y desconvocar la huelga, el representante del ámbito de la justicia de CCOO y sus colegas de CSI-CSIF y STAJ han preferido esperar a que el documento sea aprobado en referéndum por los trabajadores afectados.

El grado de división que ha provocado el acuerdo ha sido tal, que los firmantes del acuerdo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, han tenido que salir de la sede del Ministerio de Justicia escoltados por Policía, entre abucheos y gritos de "traidores" y "nos habéis vendido".

Pese a todo, los cuatro sindicatos convocantes de los paros comparten el contenido de un documento que recoge una parte sustancial de sus reivindicaciones económicas.

Logros y compromisos

El acuerdo supone para los funcionarios de Justicia no transferidos un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009 -pedían 200 con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008-, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene que compense lo no cobrado durante este primer semestre.

En el pacto firmado por CCOO y UGT, los funcionarios se comprometen también a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías. Estas "horas extras" serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger todos los trabajadores que lo deseen.

Desvenencias en CCOO y UGT

Por su parte, el representante de CCOO, Miguel Segarra, ha negado tajantemente que haya "puenteado" a sus compañeros sindicales del Ministerio de Justicia y ha hecho hincapié en que todos los sindicatos están de acuerdo con el documento, aunque no en su firma inmediata. su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, ha alertado de que si la huelga continuaba indefinidamente se podían producir "daños irreparables" en el servicio de Justicia.

Tras agradecer al Gobierno su "sensibilidad", Lacuerda ha asegurado que UGT "no es la prisión de San Quintín" y que, por lo tanto, aquel afiliado que no esté de acuerdo con lo que se ha negociado y firmado, puede darse de baja.

Por contra, el portavoz de CCOO en el ámbito de la Administración de Justicia, Javier Hernández, ha calificado de "antidemocrática", "autoritaria" y "arrogante" la actitud de Mariano Fernández Bermejo durante la negociación.

Lágrimas y hartazgo

Hernández, que ha salido de la sede del Ministerio con lágrimas en los ojos y abrazándose a sus compañeros, ha anunciado que estudia su dimisión y ha confesado sentirse "harto" de las cúpulas sindicales por "plegarse" a las imposiciones del Gobierno.

En similares términos se han manifestado los portavoces de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, y STAJ, Herminia Ruiz, que han calificado de "maniobra inaudita" y "triquiñuela" el acuerdo firmado entre Bermejo y las cúpulas de CCOO y UGT.

La huelga, iniciada el 4 de febrero, ha afectado a 9.500 funcionarios de los órganos centrales de la administración de Justicia y de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla, y ha provocado la paralización de cientos de miles de expedientes y la suspensión de miles de actos judiciales.