Los italianos del sur votan bajo sospecha

• La mafia tiene 17 procedimientos abiertos por compra-venta de votos
• En Campania tres de cada cuatro ayuntamientos dependían de la mafia
• La Camorra saca 6.000 millones de la basura cada año

La mafia decide el voto de numerosos electores en el sur de Italia. La papeleta se vende por un favor, un préstamo, el pago de una factura o incluso por un teléfono móvil con cámara.

En la actualidad, hay 17 procedimientos judiciales abiertos por presunta compra-venta de sufragios por parte de organizaciones criminales, ocho en Nápoles, siete en Catanzaro y dos en Palermo. Una lacra que afecta especialmente al sur y a la región de Campania. En este territorio donde reina la Camorra, el 76% de los ayuntamientos han sido disueltos por infiltración mafiosa.

Para intentar evitar la compra de votos, el Consejo de Ministros aprobó el 1 de abril, un decreto ley que prohíbe entrar en la cabina electoral con un teléfono móvil, o cualquier aparato capaz de hacer fotos o grabar vídeo. Una norma que responde a la práctica mafiosa de exigir como prueba la foto de la papeleta para comprobar que se ha votado al candidato indicado.

Esta medida incluye una multa entre 300 y 1.000 euros o pena de prisión de tres a seis meses pero parece difícil de aplicar por parte de los presidentes de los colegios electorales.

Mozzarella, basura y mafia

La retirada de mozzarela contaminada con dioxinas ha reavivado la preocupación por la basura acumulada en Nápoles. Un problema sin solución desde hace 14 años que supone 160.000 toneladas de residuos en vertederos provisionales y que reporta a la Camorra unos beneficios anuales que rondan los 6.000 millones de euros.

Las empresas suelen pagar entre 21 y 62 céntimos por procesar un kilo de residuos tóxicos, mientras que la mafia napolitana se encarga por sólo 10 céntimos. La Camorra se limita a esconder la basura, pero proporciona a sus clientes certificados en los que consta que los residuos han sido tratados conforme a la ley.

Un lucrativo negocio para la mafia y un problema crónico para el Estado italiano que en los últimos años ha invertido 2.000 millones de euros en intentar solucionarlo. Un asunto que el gobierno italiano que salga de las urnas deberá abordar de forma decidida, sin taparse la nariz.