Los organismos de control judiciales investigan el fallo en el caso de la mujer asesinada en Alovera

• El portavoz del órgano judicial dice que hay que dar "una respuesta conjunta a lo ocurrido"
• La víctima había denunciado seis incumplimientos de la orden de alejamiento

Silvia Bassari había denunciado a su asesino

El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está elaborando un informe sobre lo acontecido en relación al caso de la mujer asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex pareja, a la que había denunciado por malos tratos. Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica también ha propuesto al Gobierno una reunión urgente para analizar los fallos en la protección de mujeres.

Según ha informado el portavoz del CGPJ, Enrique López, se trata de un informe para tomar conocimiento de lo ocurrido, y no de una investigación disciplinaria, ya que "en principio no se detecta un funcionamiento anormal de la Justicia". 

Además, López ha mostrado su apoyo a la propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Monserrat Comas, de convocar a una reunión a los Ministerios de Justicia e Interior, a la Fiscalía y a otras instituciones competentes para que se analicen qué fallos podrían existir en relación con la protección de las mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas o ex parejas.

"Hay que dar una respuesta conjunta a lo ocurrido", ha añadido el portavoz del Consejo, quien ha expresado su "profundo rechazo" por este nuevo caso de violencia machista que le ha costado la víctia a Silvina Joanet.

Por su parte, uno de los abogados de la víctima, Roberto García, ha explicado su deseo de que el CGPJ actúe de oficio, "como ha ocurrido en casos recientes", aunque, de no hacerlo, presentaría una queja contra el juzgado de Torrejón de Ardoz (Madrid) que instruía tanto el proceso civil de divorcio como la causa penal abierta tras las denuncias por malos tratos.

Según el letrado, desde que el juez de instrucción y primera instancia número 5 de Torrejón, responsable de los procedimientos de violencia doméstica, dictara la orden de alejamiento en septiembre de 2006, Sylvina denunció "cinco o seis" incumplimientos, el primero de ellos un mes después de que se dictara la orden. De hecho, el abogado pidió al juzgado una comparecencia para solicitar la prisión provisional del ex marido de Sylvina y la realización de una prueba psiquiátrica, pero ambas diligencias fueron denegadas, según su versión.

Roberto García ha agregado que ante los reiterados incumplimientos de la medida de alejamiento, la mujer decidió dejar la localidad de Ajalvir (Madrid) y trasladarse a Alovera, cambio de domicilio que no fue notificado al juzgado "porque se enteraría todo el mundo".