La Fiscalía pide la reapertura del caso del Yak 42

• El fiscal pide la reapertura del caso de las identificaciones porque fueron 'arbitrarias'
• Se imputan delitos de falsedad documental a varios militares
• Las familias denuncian la 'finalidad espuria' del proceso

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos,  ha pedido la reapertura del caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del avión Yakovlev-42 porque, según ha argumentado, los mandos militares las realizaron de forma "arbitraria" a sabiendas de que era incorrecta.  "Hay dolo falsario, lo saben y lo hacen", afirma el teniente fiscal.

En la vista de apelación al auto de archivo dictado en noviembre pasado por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se ha celebrado hoy ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Burgos ha reclamado la reapertura de la investigación al considerar que en el proceso de  identificación de los cuerpos hubo "una mutación de la verdad" en  unos documentos "con trascendencia jurídico-pública y  jurídico-privada". Esto demuestra, su entender, "dolo falsario" por parte de sus autores.

La Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico, Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62  fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico, José Saéz.

Las familias de las víctimas también acusan al general del Ejército del Aire, José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los  cuerpos.

El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía)  el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

En el caso de Yak-42 han declarado los ex ministros de Defensa, el popular Federico Trillo, y el socialista, José Bono.

Según el relato de hechos realizado por el representante del  Ministerio Público, cuando los cuerpos llegaron a la base aérea de  Torrejón de Ardoz, en la madrugada del 28 de agosto de 2003, el  general Navarro "rellenó los espacios que se encontraban en blanco"  en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas, tras ordenar la realización de las necropsias a los  cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados  de defunción.

En Turquía no se asignaron identidades a estos 30 cuerpos porque,  según ha explicado Burgos, "no hubo tiempo para hacerla, no hubo medios distintos de la mera observación y no se pidió".

En este sentido,  ha concluído  que esta actuación se corresponde con un delito de falsedad  documental con dolo directo o al menos por imprudencia.

 Las familias denuncian una 'finalidad espuria' en la identificación de los cadáveres

Los representantes legales de las familias de las víctimas  defendieron la "trascendencia jurídica evidente" de los documentos  que recogieron las identificaciones erróneas, sin las cuales no se hubieran podido realizar la exhumación de los cadáveres, el funeral  del Estado y los posteriores enterramientos.

A este respecto, el abogado Leopoldo Torres ha atribuído "una finalidad  espuria" al proceso de identificación, al subrayar que se hizo con el  objetivo de acelerar "la celebración solemne del funeral de Estado" y  llevar a cabo "los enterramientos inmediatos a toda costa".

"Existiendo una ocultación, ¿cómo es que no se manifestó al ministro que ordenó las identificaciones?", se ha preguntado el abogado, representante de la Asociación de Familiares  Afectados por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42.

Los letrados de esta parte, que también imputan el delito de  prevaricación a los cuatro militares, también han hecho hincapié en el  "daño moral" y el "calvario" que sufrieron los allegados de las  víctimas al descubrir que los restos que les habían entregado no correspondían con los de sus seres queridos. "Fueron atropellados innecesariamente por quienes deberían haber extremado la solidaridad  y el respeto más riguroso", ha añadido Torres.

La defensa de los militares dicen que los certificados no faltaban a la verdad

Por su parte, el abogado defensor del general Navarro ha defendido que los únicos documentos con efectos jurídicos elaborados por los  militares fueron los certificados de defunción, que "no faltaban a la  verdad porque decían que un determinada persona había fallecido en una fecha y en un lugar".

"Cuesta pensar que en medio de aquel  paisaje dantesco, en aquella situación, (Navarro) iba a estar  maquinando que iba a hacer una lista con nombres que no se iban a  corresponder con los cuerpos", ha añadido el letrado del militar.

El letrado de Beltrán ha defendido que su cliente no  participó en las identificaciones porque carecía de conocimientos médicos y que se encargó exclusivamente de la repatriación de los efectos personales de los fallecidos y no dio órdenes a Navarro porque no era  su superior.

Por su parte, el abogado de Ramírez y Sáez ha centrado su defensa en que el general Navarro asumió la completa autoría de las  identificaciones, en que las necropsias no constituyen un documento oficial y en que en todos los casos las encabezaron con la afirmación  "al que se nos presenta identificado con este número y este nombre".