Los acusados de Gestoras hablan de "sufrimiento" por la dispersión de presos etarras

• Los acusados renuncian a sus defensas porque creen que ya están condenados
• Están enjuiciados 27 dirigentes de la organización ilegal Gestoras Pro Amnistía
• La vista oral se retomará el próximo lunes en las instalaciones de la Casa de Campo
• El fiscal-jefe de este tribuna solicita para los acusados 10 años de cárcel

Olano dice que el Tribunal está a miles de kilómetros de la imparcialidad

Los 27 procesados por el sumario Gestoras Pro Amnistía que han declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por esta causa han sostenido que la organización se dedicaba a velar por los derechos y libertades de los presos de ETA, y han decidido renunciar a su defensa.

En las sesiones de mañana y tarde, los procesados se han negado a responder a las preguntas del fiscal -que pide para ellos 10 años de cárcel por pertenecer a ETA-, así como a las de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, y sólo han contestado a las de sus defensas. Además, por la tarde han criticado la dispersión de los presos de ETA y el "sufrimiento" que causa a sus familiares.

Uno de los procesados, Jon Imanol Beascoa, responsable de la Red Empresarial, ha acusado al PNV, partido en el que militaba en los años 80, de permanecer "impasible" ante los asesinatos del GAL.

Por su parte, el responsable del área de comunicación de Gestoras, Jesús Felipe Arriaga, ha explicado que la organización es "una auténtica agencia de prensa" porque dan cuentan de "los puntos negros de la democracia española".

Los últimos en declarar han sido los miembros de Askatasuna, organización que el fiscal considera sucesora de Gestoras, quienes han querido demostrar que "mediante la represión" los Estados español y francés "no van a ningún sitio". En este sentido, Iñaki Loizaga ha aseverado: "este tribunal nos podrá condenar o nos condenará pero no puede juzgar nuestra militancia".

Ante la decisión de los procesados de renunciar a sus defensas, éstas han pedido al tribunal que obvie toda las pruebas solicitadas, salvo una serie concreta de testigos -inicialmente estaban citados más de 200 que reducirán a una veintena- que detallarán en un escrito a la sala mañana. El juicio se reanudará el próximo lunes con los testigos solicitados por el Ministerio Fiscal y la AVT.

Sentencia condenatoria "ya escrita"

Por la mañana, el primero en declarar ha sido el ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, quien ha señalado que el tribunal "está a miles de kilómetros de la imparcialidad" y que "la sentencia contra ellos está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político".

Tras Olano, el resto de los procesados que han testificado, para quienes el fiscal solicita 10 años de prisión por pertenecer a ETA, han reconocido pertenecer a Gestoras y se han sentido "orgullosos" porque, según han declarado, los presos etarras "son víctimas de la tortura" por parte de los Estados español y francés.

Así, los responsables nacionales de Gestoras, junto con Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo, han denunciado que el pueblo vasco no es libre, y en el caso de Celarain ha asegurado que "la política penitenciaria que "se impone a los presos políticos vascos se basa en el sufrimiento humano".

Derecho a la pataleta

Por su parte, la única procesada que se encuentra en prisión, aunque por otra causa, María Teresa Díaz de Heredia, ha señalado que responder a las preguntas de su defensa "es una forma de visualizar el derecho a la pataleta que es lo único que nos queda". "Sería querer mirar para otro lado si vengo aquí esperando justicia. No hemos venido aquí para que nos den un diploma, sino para que dicten sentencia contra nosotros. Se ha decidido que nos van a condenar", ha asegurado Díaz de Heredia, quien según el fiscal era responsable de Gestoras en Álava.

El compañero de Díaz de Heredia en Álava, Iker Zubía, ha apostillado en su declaración que "no es un delito denunciar la tortura pero la tortura sí es un delito", en referencia a los miembros de ETA que se encuentran encarcelados.

Uno de los responsables de Gestoras en Vizcaya, Julen Larrinaga, ha calificado de "auténtico apartheid penitenciario" la situación de los presos vascos y ha afirmado que "el problema no es la legalidad" de la asociación, sino "la ilegalidad de la represión". El encargado de la organización en Guipúzcoa junto con Ainoa Irastorza, Aratz Estomba, ha señalado a la Audiencia Nacional, y a la Justicia española como "las herramientas represivas" que se aplican en el País Vasco.

Según el encargado del área de Huidos de Gestoras, José María Olabarrieta, esta organización "trataba de sacar a la calle la sangría a la que se está sometiendo el pueblo vasco", mientras que el responsable de "Bases democráticas", Joseba Gotzon, ha asegurado que "el castigo", refiriéndose a la sentencia del tribunal, "ya lo tienen firmado los del PSOE".

El proceso se va a desarrollar hasta el 23 de julio en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo de Madrid. El juicio ha arrancado con absoluta normalidad y entre fuertes medidas de seguridad. Por decisión del tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, todos los acusados fueron situados fuera de la urna acristalada, ya que la única que se encuentra en prisión es la dirigente de Batasuna María Teresa Díaz de Heredia.