El Tribunal Superior de Andalucía 'tumba' parte de Educación para la Ciudadanía

• Considera que el Estado no debe intervenir en cuestiones como la educación sobre homosexualidad
• Los padres de alumnos católicos, muy satisfechos

La asignatura de Educación para la Ciudadanía sigue recibiendo varapalos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido estimar parcialmente unrecurso interpuesto contra esta nueva asignatura y ha declarado nulas distintas expresiones contenidas en las Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía del 10 de agosto de 2007.

En las órdenes anuladas, la Junta desarrollaba los currículos correspondientes a Educación Primaria y Secundaria Obligatoria para los colegios andaluces. En dichos currículos se abordan asuntos como la homosexualidad o la ideología de  género que, en opinión del Tribunal, no deben ser marcados por el Estado. En opinión de los magistrados, las indicaciones hechas en el desarro curricular sobrepasan lo que es una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia" y "vulneran el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos"

El auto critica que se hable sobre la "actitud crítica ante estereotipos homófobos", y también las indicaciones para fomentar el respeto a las "diversas opciones vitales" y el rechazo a "cualquier discriminación por razón de género". También considera que la escuela debe "huir de una simplificación en la definición de las identidades". 

En el fallo del Tribunal se explica que, una vez que la resolución sea firme, sea el propio Tribunal Supremo (TS) el que decida sobre "la cuestión de ilegalidad" de los Reales Decretos que afectan a la puesta en marcha de la asignatura. 

Por su parte, la Junta de Andalucía considera que el fallo afecta "exclusivamente a dos expresiones y a un párrafo" sobre una norma de 66 folios y que "no afecta en modo alguno a la obligatoriedad" de la materia, que sigue en vigor.

 

Satisfacción entre los padres

El presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Confapa), Juan María del Pino, ha asegurado tras conocer la sentencia que la nueva consejera de Educación, Teresa Jiménez, está "obligada" a modificar los contenidos de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Del Pino se ha mostrado "profundamente satisfecho" con la decisión del TSJA, a la que consideró como "una victoria de las familias objetoras". Además, ha subrayado que dicho fallo deberá llevar a la "reflexión" a las entidades administrativas.

En esta línea, el presidente de Confapa ha considerado que, tanto los consejos escolares autonómicos como nacionales, tendrán que pronunciarse sobre esta cuestión. "Tal vez sea el momento político para lograr acuerdos que favorezcan a las familias católicas y que éstas no tengan que llegar hasta los más altos tribunales de esta nación para defender su libertad", ha añadido.

Asimismo, Del Pino ha explicado que la organización que preside ha defendido desde sus inicios la objeción de conciencia ante esta asignatura "desde la más firme convicción de que nuestras tesis estaban suficientemente razonadas". Y es que, según resaltó, "simplemente reclamamos un ejercicio de libertad y defendemos que los hijos son de los padres y nunca de la Junta".

Recurso del Fiscal

Por otra parte, el Tribunal Supremo ya tiene en sus mesas una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha sido recurrida por el Ficscal General del Estado. En aquella sentencia, el  TSJA permitía la objeció de conciencia de los padres ante Educación para la Ciudadanía. Aquella sentencia, según el Fiscal General, "no aporta ningún argumento que concrete que en este caso se ha producido una vulneración de derechos". Para la Fiscalía, esta indefinición de la resolución judicial impide conocer qué contenidos concretos de la mencionada asignatura podrían incidir en los derechos fundamentales invocados por los recurrentes.