Aragón concluye que la cesión de agua a Barcelona no es trasvase

• Lo define como una 'conexión de sistemas' dentro de la misma demarcación hidrográfica
• Concluye que no hay causas que justifiquen un recurso de insconstitucionalidad
• El Gobierno de Aragón asegura, además, que se trata de una medida excepcional y urgente

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideran que la cesión de agua a Barcelona aprobada por el Gobierno central no es un trasvase ni una transferencia de recursos hídricos sino una conexión de sistemas dentro de la misma Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña. Concluye, por tanto, que no concurren causas que justifiquen la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno aragonés pidió este informe jurídico ante las dudas sobre si se trataba o no de un trasvase. Los servicios jurídicos consideran además que el decreto garantiza que se trata de medidas excepcionales y urgentes y que no se efectúa ningún incremento de volúmenes de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña.

 También que la infraestructura prevista desde Tarragona hasta el área metropolitana de Barcelona no afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, ni a la demarcación hidrográfica del Ebro y por tanto no es preceptivo la emisión del informe previo.

En cuanto a la cesión de derechos al uso del agua, recogidas en el artículo 3 del decreto, el informe señala que la Comunidad Autónoma de Aragón deberá informar preceptivamente sobre cualquier contrato de cesión de derechos que se pretenda, de acuerdo al artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

El Gobierno ha calificado como conducción de agua este traslado hídrico, que ha provocado las quejas de comunidades autónomas como Valencia y Murcia que han denunciado discriminación de unas regiones frente a otras y que han amenazado con denunciar este 'mini trasvase' al Tribunal Constitucional.