La UE exige a España que retire las condiciones impuestas a Enel y Acciona en la compra de Endesa

• Solbes dice que se estudiará jurídicamente y que "si hay que hacerlo, se hará"
• De no hacerlo en un mes, la Comisión Europea presentará una denuncia en Luxemburgo
• Bruselas considera que vulneran los principios de libre circulación de capitales
• Si el caso llega al Tribunal, será el tercero relacionado con la compra de Endesa

La Comisión Europea (CE) ha dado este jueves un mes de plazo a España para que retire las condiciones impuestas a la oferta pública de adquisición (OPA) de Enel y Acciona sobre Endesa. De no hacerlo, el Ejecutivo comunitario presentará una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha anunciado que "no es necesario esperar a la sentencia". Preguntado acerca de si el Gobierno está dispuesto a retirar las condiciones, el vicepresidente segundo ha dicho hay que estudiar jurídicamente el tema" y, si se considera que la CE tiene razón "y hay que hacerlo, pues se hará".

Bruselas considera que estos requisitos son ilegales porque vulneran los principios de libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento y porque fueron impuestos sin notificación previa, pese a que el Ejecutivo comunitario tenía competencia exclusiva para examinar esta fusión y la autorizó sin condiciones. Aunque la actuación de la Comisión no tendrá incidencia alguna en la operación.

La CE "ha pedido formalmente a España que acate su decisión" de diciembre de 2007 "de suprimir las condiciones impuestas" a la operación, ha dicho mediante un comunicado.

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la opa de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que pidió su retirada. Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción.

Garantizar la seguridad energética española

El Gobierno español ha argumentado que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.

Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por la CNE el pasado 4 de julio y modificados en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre.

En concreto, la Comisión vio ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.

El Ejecutivo comunitario cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.

El ultimátum a España ha adoptado la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el caso llega al Tribunal, será el tercero sobre cuestiones similares.

Luxemburgo ya condenó los requisitos impuestos a E.ON

La Comisión ya ha llevado ante el Tribunal el decreto de febrero de 2005 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y los requisitos impuestos a la OPA de E.ON sobre Endesa. En este último caso, el TUE dio la razón al Ejecutivo comunitario y sentenció que España estaba obligada a retirar las condiciones.

El Gobierno había solicitado al Tribunal de Justicia que suspendiera la obligación de retirar las condiciones hasta que hubiera una sentencia firme que se pronunciara sobre si éstas son ilegales o no. Pero el TUE rechazó a finales de abril esta petición y dictaminó que España está obligada a eliminar los requisitos.

La decisión de Bruselas se ha producido una semana después de que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE, Marc Jaeger, rechazase un recurso de España para suspender la determinación de la CE.