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El Plan Ibarretxe

  • El Plan Ibarretxe fue aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004
  • El Congreso rechazó el plan en febrero de 2005, pero el lehendakari sigue adelante
  • La propuesta contempla la "libre asociación" con España y el derecho de autodeterminación

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El lehendakari, Juan José Ibarretxe, durante su comparecencia en el Parlamento vasco, en Vitoria, para anunciar su calendario independentista.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, durante su comparecencia en el Parlamento vasco, en Vitoria, para anunciar su calendario independentista.

El Plan Ibarretxe, o el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, según su nombre oficial, es una propuesta soberanista basada en la "libre asociación" entre el País Vasco y España que contempla la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación.

El plan empezó su camino en octubre de 2003, cuando fue aprobado por el Ejecutivo del lehendakari Juan José Ibarretxe. En diciembre de 2004 fue aprobado por el Parlamento vasco y en febrero de 2005 rechazado por el Congreso de los Diputados. Pese a ese rechazo, Ibarretxe ha seguido adelante y ha anunciado para el 25 de octubre la convocatoria de una consulta popular que decida el futuro de Euskadi.

El plan consta de un preámbulo, 69 capítulos en siete títulos, una Disposición Transitoria y otra final en la que establece que sucederá al Estatuto de Gernika.

En el Preámbulo establece el derecho de autodeterminación estableciendo que el pueblo vasco tiene "identidad propia" en el conjunto de los pueblos de Europa y derecho a decidir su futuro "de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos". Fija también que existen siete territorios articulados en  "tres ámbitos jurídico-políticos" de dos estados que integran Euskal Herria: las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Navarra y los tres territorios del País Vasco francés.  Además, se determina que habrá un nuevo modelo de relación con el Estado "basado en la libre asociación".

En el Título preliminar, el artículo 4 indica que, además de la ciudadanía vasca, que viene derivada de la simple vecindad administrativa, se reconoce la "nacionalidad vasca" para todos los ciudadanos. Además, este título contempla las relaciones con Navarra y el País Vasco francés y la creación de una "Comunidad Vasca" libremente asociada a España con el territorio de las actuales provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

En el Título I, además de los derechos históricos y el "derecho a decidir", en el artículo 17 establece el referéndum como procedimiento para la modificación y actualización del Estatuto. También fija que de no alcanzarse un acuerdo en la negociación en un máximo de seis meses con las Cortes, el Parlamento vasco podrá solicitar al Gobierno de Euskadi que someta la propuesta inicial a referéndum.

El Título II está dedicado al Poder Judicial, que será propio. Indica que el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi será la última instancia judicial en todos los órdenes jurisdiccionales y al Tribunal Supremo le reconoce la "unificación de doctrina". Deja el gobierno del Poder Judicial en manos del Consejo Judicial Vasco, que asume competencias del Consejo General del Poder Judicial.

El Título IV establece las competencias propias de Euskadi y reconoce al Estado sólo siete políticas exclusivas, entre ellas la nacionalidad española, Defensa y la moneda. En el Título VI se definen las relaciones internacionales y establece que el Estado debe garantizar el "reconocimiento y respeto" en Europa de los compromisos derivados del Estatuto y fija que la Comunidad de Euskadi dispondrá de representación directa en los órganos de la UE.

Tramitación política

El Plan Ibarretxe salió adelante en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 contra todo pronóstico, gracias a los votos de la ilegalizada Batasuna, en aquel momento bajo las siglas de Sozialista Abertzaleak, que había anunciado antes su abstención.

La reforma estatutaria necesitaba mayoría absoluta -38 votos- y obtuvo 39, gracias a los tres parlamentarios batasunos Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Jon Salaberria y a los del PNV, EA y EB. Otegi advirtió al lehendakari que sus apoyos eran para defender "la autodeterminación, Euskal Herria y la consulta popular".

Socialistas y populares vascos rechazaron el plan por ser una "aberración política", según Patxi López,  y un camino a la independencia basado en los principios ideológicos inspirados en las "pesadillas" nazis, según Leopoldo Barreda.

El Gobierno central advirtió de que el plan sería rechazado en el Parlamento nacional y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron una postura común.

Paso por las Cortes

El 1 de febrero de 2005, el Congreso de los Diputados rechazó de forma aplastante tomar en consideración la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. Votaron en contra PSOE, PP, CC, IU y Chunta Aragonesista (313 votos) y a favor PNV, CiU, ERC, BNG, EA y NB (29), mientras que hubo dos abstenciones de IC-V.

El elegido por el Parlamento Vasco para defender la propuesta ante las Cortes no fue otro que el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe. Ante la contundente derrota, Ibarretxe aseguró que iba a seguir adelante con su proyecto y que el camino emprendido "no tiene vuelta atrás y terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca".

Zapatero le espetó desde la tribuna que la relación entre España y Euskadi "la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles", a la vez que abogó por un proyecto para el País Vasco en el que "quepan todos". Por su parte, Rajoy rechazó el plan por "ilegal" y garantizó que el PP "nunca traicionará la memoria de las víctimas de ETA".

El calendario de Ibarretxe

El 28 de septiembre de 2007, Ibarretxe planteó su último desafío al Estado en el discurso del lehendakari en el Parlamento vasco y fijaba para el 25 de octubre una consulta popular sobre el futuro de Euskadi

El dirigente vasco planteaba un primer paso, que llega hasta junio de 2008, en el que pretende lograr el compromiso político del presidente del Gobierno español de introducir en la Constitución el 'derecho a decidir' de los vascos.  

El segundo paso, en junio de 2008, establece que el Parlamento vasco debería refrendar el pacto político alcanzado con el Estado y autorizar una consulta jurídicamente vinculante para su ratificación. En caso de no haber pacto político con el Estado, el Parlamento deberá autorizar la celebración de una consulta habilitadora que abra un proceso de solución; esta consulta será la llave para abrir un proceso de negociación entre los partidos vascos. Ibarretxe dijo que convocaría elecciones si la Cámara vasca rechaza la propuesta.

El tercer paso se dará el 25 de octubre de 2008, con una consulta a la ciudadanía vasca del pacto alcanzado o una consulta habilitadora para abrir un proceso de solución.

Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2010, y tras un proceso de negociación se dará el cuarto paso, con la celebración de un referéndum resolutivo. Los partidos vascos tratarían antes de lograr un pacto para dotar de contenido el compromiso alcanzado entre el lehendakari y el presidente del Gobierno, o en la Cámara vasca.