Tres tibetanos declaran en la Audiencia Nacional como testigos del presunto genocidio en el Tíbet

• La Audiencia Nacional investiga el presunto genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90
• Los tibetanos que han prestado declaración han declarado que han cumplido "un sueño"
• España ha sido el primer país en aceptar una querella contra China

La Audiencia Nacional investiga un posible genocidio en el Tibet

Tres monjes tibetanos han comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante los años 80 y 90, y han asegurado que durante su cautiverio en diversas cárceles chinas han sufrido todo tipo de torturas.

En su comparecencia ante el magistrado los tres monjes, que han declarado como testigos, han ratificado los hechos expuestos en la querella interpuesta en la Audiencia Nacional por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente, Jiang Zemin, y han relatado sus experiencias concretas.

Un sueño cumplido

A la salida del Juzgado han trasladado a los periodistas su alegría porque por primera vez han podido expresar ante un juez su sufrimiento y el del Tíbet a causa de la tortura por el Gobierno chino, y han manifestado que para ellos es un "sueño".

"Es el momento de expresar al mundo nuestro sufrimiento", ha sostenido Palden Gyatso, monje budista que ha permanecido 33 años encarcelado por liderar un grupo de monjes en manifestaciones de protesta contra la ocupación de su país en 1959.

Su sueño es poder explicar al mundo qué está pasando en el Tíbet y hoy es ese momento, ha explicado Gyatso, que ha entrado al Juzgado "con cara de preocupación" y "sale bailando".

Junto a él han comparecido Jampel Monlam, monje de Drepung que fue torturado en marzo de 1989, y Bhagdro, antiguo religioso del monasterio de Ganden que fue detenido y torturado junto con otros 60 compañeros en mayo de 1996, al negarse a cooperar con la "campaña de reeducación patriótica" emprendida por las autoridades chinas en los monasterios tibetanos.

Exposición limitada

No obstante, según ha señalado el abogado del CAT, José Elías Esteve, "ha habido una gran limitación" en las declaraciones por parte del juez tanto a la hora de realizar las preguntas como en las respuestas de los testigos, quienes "no se han podido explayar todo lo que hubieran querido".

Elías ha manifestado que el juez no ha dejado formular todas las preguntas una vez que ya las había aceptado cuando fueron remitidas en comisión rogatoria, y ha añadido que tampoco les ha permitido explayarse en sus contestaciones porque, según ha relatado, al tener algunos de los testigos libros escritos sobre las detenciones y las torturas, el juez ha considerado que "con eso basta".

Por ese motivo ha anunciado que presentarán un escrito de protesta ya que, a su juicio, el magistrado "está obstruyendo parte del proceso", y en él solicitarán que los tres monjes budistas testifiquen de nuevo en la Audiencia Nacional.

España, primer país en aceptar una querella contra China

Palden Gyatso, Jampel Monlam y Bhagdro, exiliados tibetanos que residen en la India, han estado acompañados por el director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, que está personado en la causa como acusación particular, así como por el director del CAT, Alan Cantos, y varios miembros del Comité.

Wangchen, con cuya declaración el 5 de junio de 2006 comenzó Ismael Moreno a investigar el supuesto genocidio en el Tíbet, ha destacado el hecho de que España ha sido el primer país que ha aceptado una querella contra el Gobierno chino y ha dado las gracias al Estado español y al magistrado.

La Audiencia Nacional se declaró competente el 10 de enero de 2006 para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó así al juez Ismael Moreno a admitir a trámite la querella que él en un principio acordó archivar al considerar que la Justicia española no era competente para investigar estos hechos.