Los inmigrantes ilegales podrán ser retenidos hasta 18 meses antes de ser repatriados

• Lo recoge una nueva directiva pactada en Bruselas que endurece la política migratoria 
• El nuevo período máximo de retención es de 6 meses, ampliable a 18 si hay riesgo de fuga
• Se establece un máximo de 5 años para que un expulsado puede regresar
• El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo

Bruselas acuerda una nueva norma sobre inmigración ilegal

Los países de la Unión Europea (UE) se han puesto de acuerdo en una nueva legislación con normas comunes mínimas sobre el retorno a sus países de origen de los inmigrantes irregulares, tras superar más de dos años de diferencias.

La nueva norma es "un paso hacia una política migratoria común", ha indicado en Radio Nacional el eurodiputado socialista Javier Moreno, que ha asegurado que "hay un vacío en la emigración clandestina".

Para Moreno, esta norma llega en un momento importante, teniendo en cuenta la nueva ley del Gobierno de Berlusconi en Italia, que "puede afectar a otros países de la Unión, sobre todo si se consideran extranjeros los propios ciudadanos de la Unión" que no sean italianos.

18 meses de retención

Se trata de una norma que endurece la política de inmigración en la Unión Europea. Las principales novedades se centran en el período de retención de los inmigrantes hasta ser repatriados, que será de seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, la ausencia de garantías para la asistencia legal gratuita y la prohibición de volver a la UE a un expulsado durante un período de cinco años.

El primer punto trata de unificar el período máximo de retención de indocumentados. Hasta nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período.

Si la nueva norma se aprueba definitivamente, el período será de seis meses para todos los países de la Unión, ampliables a 18 en casos con riesgo de fuga o en casos en los que se retarde la negociación con los países de regreso.

No se garantiza la asistencia legal gratuita

La garantía de asistencia jurídica para los inmigrantes ilegales ha sido el último punto de discordia entre los países miembros. Finalmente, se ha cerrado con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según dijeron fuentes diplomáticas.

La versión final del acuerdo no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda "puede" darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales, explicaron fuentes comunitarias.

Además, se ha acordado incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los clandestinos que no tienen suficientes medios para obtener asistencia legal.

En cuanto al último punto, la prohibición al inmigrante de volver al país del que ha sido expulsado durante cinco años es, según Javier Moreno, "una forma de conseguir inmigración legal ya que favorece el retorno voluntario".

Debe ser aprobado por el Parlamento Europeo

El texto pactado por unanimidad entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera un debate muy arduo, antes de su aprobación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.

Este proyecto de directiva intenta lograr una armonización mínima de los estándares de retención y retorno de inmigrantes irregulares que han llegado a territorio de la UE.

Rechazo de las ONG's

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) y Amnistía Internacional (AI) se oponen a esta legislación y han urgido al pleno de la Eurocámara a que lo rechace.

Si se aprueba tal como está prevista, la directiva entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir, en junio de 2010, pero no se aplicaría a Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, los países de la UE que no forman parte del sistema Schengen de fronteras abiertas.