Condenan a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx por la construcción ilegal de un chalé

El Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo; a tres años y seis meses al ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot; a un año al ex asesor legal Ignacio Mir y a cuatro meses al ex celador Jaume Gibert.

El ponente del tribunal, el magistrado Juan Pedro Yllanes, ha sido el encargado de dar lectura a una parte de la resolución judicial, la referida a los hechos probados y al fallo.

La sentencia corresponde a la primera pieza del juicio oral por el llamado "caso Andratx", la relativa a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos, en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo. 

En la lectura de la sentencia, el magistrado Yllanes ha hecho un relato cronológico de los hechos, desde que el ex alcalde adquirió una tierra de huerto, el 6 de agosto de 2002, hasta que en julio de 2006, ya bajo investigación, realizó alteraciones en el chalet para darle apariencia de uso agrícola.

Los condenados

En el caso del ex alcalde de Andratx, la condena ha sido de un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa; y tres años de prisión y suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico por un delito contra la ordenación del territorio.

En el segundo delito, el tribunal ha considerado la circunstancia agravante de "prevalerse de su carácter público" como alcalde. Además, deberá pagar 60.000 euros y ha sido condenado a abonar dos sextas partes de las costas procesales causadas.

El ex director general de Ordenación del Territorio ha sido condenado como autor directo de prevaricación urbanística a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público por diez años.

También ha sido sentenciado a un año y seis meses más como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, el mismo tiempo que estará inhabilitado para cualquier empleo o cargo público de promoción urbanística. Deberá satisfacer una multa de 27.000 euros por el delito contra la ordenación del territorio y dos sextas partes de las costas.

 El ex asesor legal del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas.

 En el caso del ex celador de obras del consistorio, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante "muy cualificada de colaboración con la Justicia", la pena es de cuatro meses de prisión, y dieciocho meses de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística. La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.