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El Supremo concluye que "no resulta procesalmente necesario" imputar a Trillo por el 'caso Yak-42'

  • Grande-Marlaska había solicitado su pronunciamiento sobre la posible amputación
  • Ni el Supremo ni el juez de la Audiencia Nacional encuentra suficientes indicios
  • Se cumple el quinto aniversario del trágico accidente, donde murieron 62 personas

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la petición realizada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para que este tribunal se pronunciara sobre la imputación o no del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación del avión Yakovlev-42.

El Supremo estima que esta petición "no resulta procesalmente necesaria" en razón de la falta de indicios invocados contra Trillo por el instructor.

La providencia del Supremo se produce después de que la Sala debatiera sobre un escrito remitido por el propio Grande-Marlaska al alto tribunal en el que reconocía que el ex ministro de Defensa carece de responsabilidad penal en esta causa, ya que no participó en la contratación del aparato, cuyo siniestro causó la muerte de 62 militares españoles justo hoy hace cinco años.

En la providencia dada a conocer este lunes, el Supremo recuerda al juez de la Audiencia Nacional que le corresponde a él como instructor de este asunto y no al Tribunal Supremo tener en cuenta tanto la posibilidad de prescripción del delito respecto al aforado -que es de cinco años- como la garantía de dar una respuesta fundada en derecho a las pretensiones sostenidas por las partes. La imputación de Trillo había sido solicitada a Grande-Marlaska por una asociación de familiares de las víctimas.

Ante esta petición, el juez prefirió deriva el caso al Supremo, quien antes de pronunciarse pidió al magistrado de la Audiencia Nacional que concretase los indicios que tenía en contra del ex ministro de Defensa, quien se ha mostrado especialmente crítico en las últimas semanas con su sucesor en el cargo, José Bono, a quien llegó a llamarle "indeseable" por impulsar una campaña en su contra y utilizar el trágico accidente como arma política.