La alcaldesa de Hernani dice que sólo tenía 14 años cuando a un parque se le dio nombre de etarra

• Marian Beitialarrangoitia, de ANV, no ha respondido a las preguntas de Grande-Marlaska
• La alcaldesa sólo ha dicho que cuando al parque se le dio el nombre ella era una niña
• Ha afirmado que cualquier grupo municipal podría haber solicitado que se retirara la distinción
• El terrorista el 'Pana' tiene un parque con su nombre y es hijo predilecto de Hernani

La alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en relación con una querella de Dignidad y Justicia que le acusa de enaltecimiento del terrorismo porque un parque del municipio está dedicado al etarra José Manuel Aristimuño.

La alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, de Acción Nacionalista Vasca, (ANV), ha manifestado este lunes ante el juez Fernando Grande-Marlaska que cuando se aprobó el acuerdo que dio el nombre de un etarra a un parque del municipio ella tenía 14 años y ha dicho que cualquier grupo municipal podía haber pedido su retirada.

Beitialarrangoitia ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional juzgado de Grande-Marlaska en relación con una querella interpuesta contra ella por Dignidad y Justicia que le acusa de enaltecimiento del terrorismo porque un parque del municipio está dedicado al etarra José Manuel Aristimuño, alias "Pana".

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la alcaldesa se ha negado a contestar a las preguntas del juez y a las de las acusaciones populares -Dignidad y Justicia y Foro Ermua-, aunque sí ha sicho antes de abandonar la Audiencia que, en 1982, cuando el pleno municipal aprobó otorgar el nombre del etarra al parque ella no era la alcaldesa porque tenía 14 años.

Ha asegurado también que desde esa fecha ningún grupo municipal ha denunciado la situación y tampoco han pedido que se revoque dicho acuerdo, solicitud que, según ha apuntado, debe hacerse por la vía contencioso-administrativa.

Medidas cautelares

Las acusaciones populares han reclamado al juez como medida cautelar la retirada del nombre del etarra del callejero municipal, la de la placa situada en el parque, así como la anulación de la distinción de hijo predilecto que tiene José Manuel Aristimuño en Hernani y el monolito erigido en su honor en el parque.

El fiscal Pedro Rubira se ha opuesto a esta petición, aunque, según han indicado fuentes jurídicas, ha considerado que es una "petición legítima" pero que esta no es la vía adecuada para solicitarlo.

La querella de Dignidad y Justicia, asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero, ha solicitado además la retirada de la placa de la plaza Gudarien Emparantza (del soldado vasco) de Hernani.

Grande-Marlaska admitió la querella el pasado 12 de mayo en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que había estimado no procedente aceptarla porque Beitialarrangoitia no era alcaldesa cuando se aprobó el acuerdo municipal y se colocaron las placas en 1982.

Sin embargo, el juez consideró que mantener dicha resolución municipal también puede suponer un delito de enaltecimiento y humillación de las víctimas del terrorismo -castigado con penas de entre uno y dos años de prisión-, porque implica una "voluntad o asentimiento personal respecto a dicha loa institucional".

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 también ha pedido a la Ertzaintza que le facilite una copia del acta municipal en el que se decidió poner los mencionados nombres a las dos vías y del expediente abierto tras recibirse una carta de Dignidad y Justicia el 27 de noviembre de 2007 en la que se pedía que se modificaran los nombres.

La vía contencioso-administrativa

Por otra parte, el pasado 18 de marzo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, requirió al Ayuntamiento de Hernani para que procediera a anular el acuerdo adoptado el 24 de marzo de 1982, en un pleno municipal extraordinario, por el que se daba el nombre de "Pana" a un parque del pueblo entonces en construcción.

En el caso de que este requerimiento no sea atendido, el Gobierno procederá a impugnar el acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Dignidad y Justicia ha presentado denuncias similares en los municipios de Zizurkil y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango, Amorebieta y Lejona (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra).