Berlusconi da marcha atrás en su intento de criminalizar la inmigración

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi (d), da la bienvenida al presidente francés, Nicolás Sarkozy, antes del encuentro que han mantenido en el palacio de Chigi.

El presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha dado marcha atrás en su intención de convertir en delincuentes a todos los inmigrantes sin papeles de Italia, y ha afirmado que la inmigración ilegal "no es un delito, pero sin un agravante" en el qaso de que se cometa un delito.

El líder de la oposición, Walter Veltroni, ha afirmado que el presidente "con sus palabras de hoy cancela el delito de inmigración clandestina y nos da la razón. A esta tesis se ha sumado también el también opositor Michele Vietti, de la Unión de Centro, que ha expresado su satisfacción por el 'sobreseimiento' de este delito.

La Liga Norte, en contra

La otra cara de la moneda la ofrece la Liga Norte, formación nacionalista socia del gobierno que más empeño puso en tipificar como delito la inmigración irregular.

El diputado liguista Massimo Bitonci ha mostrado su desaprobación, afirmando que el "único camino que se puede recorrer para luchar contra la inmigración ilegal es la introducción de ese delito".

El ministro para la Actuación del Programa del Gobierno, Roberto Calderoli, también de la Liga, ha defendido que el gobierno nunca pensó en mandarlos a la cárcel, sino en expulsarlos con más rapidez que ahora para evitar la llegada masiva de irregulares.

Críticas internacionales

Tras las críticas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, sobre la introducción en el país del delito de inmigración ilegal, Berlusconi dijo que no se ha tratado de "una advertencia", sino de una declaración "desmentida sobre un juicio negativo de algo que no se ha producido".

A este respecto, el primer ministro italiano dijo que el Parlamento italiano "es soberano y decidirá según conciencia y con buen sentido".

El Parlamento debatirá en fechas próximas el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 21 de mayo, que incluye la reintroducción del delito de inmigración clandestina, que ya rigió durante la anterior etapa como primer ministro de Berlusconi y fue considerado en parte inconstitucional.

El delito se concretará en penas que van de los seis meses a los cuatro años y el aumento de la misma un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino.