¿Cómo se calcula el precio del gasóleo?

Los transportistas están de huelga. La razón de los paros es la subida del gasóleo, cuyo precio en el plazo de un año (de mayo de 2007 a mayo de 2008) se ha incrementado en más de un 35%.

Pero, ¿cómo se calcula el precio del gasóleo? ¿Puede el Gobierno hacer algo para frenar la subida? El precio, como explica el Ministerio de Industria en su Boletín Mensual de Precios de Carburantes y Combustibles (el último, del mes de abril, puede verse aquí en PDF), varía en función de cuatro variables:

1) La cotización internacional de crudos.

2) La cotización internacional de productos.

3) El margen de distribución y comercialización.

4) Los impuestos vigentes.

Los dos primeros factores, como señala el propio Ministerio, los determina el mercado, y son los que dan lugar a los precios sin impuestos ni tasas. En general, las subidas del precio del crudo (el viernes el barril Brent cerró en un precio récord de 138,12 dólares) se trasladan a los productos (en este caso el gasóleo), pero no necesariamente en la misma proporción.

En cuanto al segundo factor, la cotización internacional del gasóleo se calcula semanalmente en función de las cotizaciones internacionales FOB (cotizaciones sin seguros ni fletes) en los mercados de Rotterdam-Italia-Noroeste Italia.

En estas subidas también juega un papel importante la tasa de cambio $/euro, al operarse en dólares en el mercado de petróleo y derivados. En este sentido,  la evolución favorable del euro respecto al dólar ha sido positiva para los europeos, suavizando ligeramente las subidas de precios en Europa.

El tercer factor, el margen, depende de la localización geográfica (el Ministerio tiene los precios disponibles por gasolinera) y de los acuerdos concretos entre las petroleras y las estaciones de servicio.

Casi medio euro de impuestos

El último factor, los impuestos, es el que depende directamente del Gobierno. Desde comienzos de 2007, España grava el gasóleo con 302 euros por cada 1.000 litros de carburante. A ello hay que sumar un 16% de IVA y, en seis comunidades españolas (Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia), el llamado céntimo sanitario, un impuesto adicional utilizado para financiar la sanidad. Los datos del último boletín del Ministerio de Industria (disponible en PDF) revelan que para el mes de abril la media del precio del gasóleo sin impuestos en territorio español era del 67,9 céntimos/litro (la cotización media del gasóleo de automoción en los mercados europeos en ese mes fue de 56,52 céntimos/litro), mientras que con impuestos el precio se elevaba a 114,9 céntimos/litro.

El primer dato se sitúa ligeramente por encima de la media ponderada de la Eurozona (67,9 céntimos/litro frente a 66,7 céntimos/litro), mientras que el segundo, el precio con impuestos, se sitúa muy por debajo (114,9 céntimos/litro frente a 129 céntimos/litro). De esto último se deduce que la carga impositiva en España es, en el caso del gasóleo, muy inferior a la media europea.

Atados de pies y manos

De hecho, la UE obliga a los países miembros a imponer una tasa impositiva mínima (como parte del proceso de armonización de las tasas fiscales) y los impuestos del gasóleo en España coinciden exactamente con ese mínimo: los ya mencionados 302 euros por cada 1.000 litros.

Eso implica que el Gobierno no tiene margen de maniobra para rebajar los impuestos. Aun así, a partir de 2007 se implantó una devolución trimestral (con la que se compensaba la subida impositiva experimentada ese año al pasarse de 293,8 euros a 302 euros por cada 1000 litros de gasóleo) con la que se satisfizo, al menos de forma temporal, una de las grandes demandas de los transportistas y de los colectivos involucrados ahora en nuevos paros: establecer una diferencia de facto entre el gasóleo de automoción, que es el que utilizan la mayor parte de los ciudadanos en España, y el gasóleo profesional.

En esta ocasión, y considerando el escaso margen de actuación del Gobierno en materia impositiva, los transportistas no solicitan nuevas rebajas o devoluciones, sino sobre todo una ley que garantice una tarifa mínima obligatoria para impedir que haya compañías que cobren por debajo de lo que ellos consideran que son los costes mínimos.