Uno de los mandos policiales acusados en el caso del ácido bórico reconoce que rehizo el informe

• Cuatro mandos policiales, acusados de falsedad documental por eliminar una alusión a ETA
• El jefe de laboratorio niega que Santano o Mélida le ordenaran quitar la referencia a la banda
• El tribunal sigue la doctrina del Supremo con Atutxa para celebrar el juicio

Vista del juicio a los cuatro mandos policiales acusados por el caso del ácido bórico.

El jefe del laboratorio de la Unidad Central de Analítica, Francisco Ramírez, ha reconocido que rehizo el informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M tras hallar ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados porque "sus conclusiones carecían de rigor" y "eran absurdas".

Ramírez es uno de los cuatro altos mandos policiales acusados en este proceso de tres delitos de falsedad documental y falso testimonio por presuntamente corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista.

Los otros tres procesados son el comisario general de la Policía Científica, Miguel  Angel Santano -también acusado de encubrimiento-, el secretario general de la misma, Pedro Luis Mélida, y el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas.

En su declaración, Ramírez ha explicado que Mélida fue quien decidió y tachó "en rojo" esas anotaciones porque "carecían de rigor científico" y "no eran ni mucho menos concluyentes".

Según el jefe del laboratorio, para quien piden seis años de cárcel, "no se puede meter en el mismo saco a estos tres señores y decir incluso que pueden ser autores, cuando ni siquiera coinciden en el tiempo". El acusado se refería así a la coincidencia del hallazgo de ácido bórico, además de en el domicilio de uno de los detenidos por el 11-M, en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999.

Informe con conclusiones tachadas

Ha relatado que, cuando le enseñó el informe con las conclusiones tachadas al perito Manuel Escribano -uno de los que elaboró el estudio-, éste "montó en cólera" porque "no admite que se le tache nada suyo" y "se negó" a quitar las observaciones.

Ramírez ha señalado además que no tiene constancia de que el ácido bórico, sustancia que se utiliza habitualmente como insecticida e incluso como producto de higiene personal, sirva para fabricar explosivos.

Asimismo ha negado que Santano o Mélida le ordenaran eliminar del informe todo lo referente a ETA, como aseguran las acusaciones. "No se me dijo nunca nada", ha afirmado el acusado, que mantiene que el informe en cuestión no era oficial puesto que, aunque estaba "acabado y revisado", aún no había salido del laboratorio.

Francisco Ramírez ha explicado que el informe sólo llevaba su firma porque los tres peritos que lo realizaron, a los que se ha referido como "analistas", se negaron a suscribirlo al advertirles de que iba a quitar las conclusiones, en las que se mencionaba la posible relación con ETA.

El juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, se reanudará mañana con la declaración de los otros tres acusados, para los que se piden penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación, así como multas de 108.000 euros y 3 años de suspensión de empleo.

Celebración de la vista

El juez Alberto Barreiro ha decidido, en el trámite de cuestiones previas, celebrar esta vista, en la que sólo ejercen como acusación las acciones populares, siguiendo en parte el criterio de la sentencia del "caso Atutxa". De esta forma, el juez ha entendido que, pese a no haber acusación fiscal o particular, el juicio debía celebrarse al considerar que los delitos que se juzgan pueden haber perjudicado "el bien jurídico colectivo".

En contra de la postura defendida por los servicios jurídicos del Estado, las asociaciones que ejercen la acusación popular, el Sindicato Manos Limpias, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaron la apertura del proceso.

La continuación del proceso se produce después de que el tribunal acordase el aplazamiento a la espera de conocer los argumentos del Tribunal Supremo en la sentencia que condenó al ex  presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa con la única acusación de la acción popular.