La cárcel de Carabanchel será derribada en octubre para construir un hospital

• La cárcel fue un símbolo de la represión franquista
• Además del hospital, está prevista la construcción de 650 viviendas
• Las asociaciones de vecinos reclaman un espacio 100% público

Un grupo de vecinos de Carabanchel portan una pancarta reivindicativa mientras el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firman en la sede del Ministerio el protocolo de intenciones que define el desarrollo urbanístico de los terrenos que ocupa la antigua cárcel de Carabanchel.

La antigua cárcel de Carabanchel será derribada el próximo mes de octubre para construir, en los 172.000 metros cuadrados que ha ocupado durante más de 60 años, un hospital, 650 viviendas -el 30% de ellas de protección- y varios equipamientos y oficinas públicas.

El protocolo de intenciones que define el futuro de los terrenos de la antigua prisión ha sido suscrito hoy por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto que pone fin a 10 años de negociaciones entre ambas administraciones.

Monumento a los presos del franquismo

Ministro y alcalde se han referido al valor "simbólico" de este acuerdo, que supondrá la desaparición física de uno de los baluartes de la represión franquista, en el que Rubalcaba ha recordado que estuvo preso el padre de Ruiz-Gallardón y que él mismo corrió ante la policía "unas cuantas veces reivindicando la libertad de los que estaban allí dentro".

En uno de los futuros jardines de esta zona se levantará un monumento que mantendrá viva la memoria de los presos políticos del franquismo. La prisión fue uno de los centros de detención de presos políticos más temidos.

Una zona de servicios públicos

Cuando desaparezca la prisión, construida en la década de 1940 y cerrada hace 10 años, los 172.164 metros cuadrados que ocupa se destinará en un 20% a viviendas (34.372 metros cuadrados), en un 23% al hospital (39.934 m2), en un 13,5% a zonas verdes (23.242 m2), en un 11% a otros equipamientos (18.925 m2) y en un 5,6% a oficinas del Estado (9.675 m2).

El resto, un 26,7% (46.014 metros cuadrados), serán nuevas calles.

Un hospital muy demandado

Como ha reconocido el alcalde, el acuerdo que hace realidad la reivindicación vecinal de construir un hospital para los distritos de Carabanchel y Latina ha sido posible gracias a que Interior ha cedido parte del aprovechamiento urbanístico que le permite el vigente Plan General de Ordenación Urbana de la capital, de 1997, según el cual podrían haberse levantado allí el doble de pisos.

Ruiz-Gallardón ha valorado que el Ministerio haya accedido a una "reducción voluntaria" de más del 30% -de 129.125 a 88.097 metros cuadrados- de los aprovechamientos a que tenía "derecho por Ley", lo que permite incrementar en más de un 50% el espacio para equipamientos públicos -de 38.000 a 59.000 metros cuadrados-.

En este sentido se ha manifestado también el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Lucas, presente en el acto, al agradecer, la "generosidad" de Interior al renunciar a parte de sus derechos en estos terrenos para "dedicar gran parte del suelo a equipamientos que los vecinos vienen reclamando desde hace años".

Los vecinos quieren un hospital 100% público

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) reiteró hoy su oposición a la construcción de nuevas viviendas en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel y ha pedido equipamientos sociales de gestión 100% pública en su lugar.

Además, la Federación regional ha recordado que la capital ya tiene en marcha los desarrollos urbanísticos de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas, Arroyo del Fresno, Valdebebas, El Cañaveral, Los Ahijones, o Los Berrocales portan, en total, más de 153.000 viviendas, a las que hay que añadir las casi 180.000 residencias vacías que actualmente existen en la capital.

Por ello, manifestó su "frontal" oposición a que el futuro hospital, para el que el protocolo reserva 40.000 metros cuadrados de suelo público, sea de gestión privada, como ha anunciado en ocasiones la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

A su juicio, este proyecto supondría un modelo "más caro, ineficaz e inseguro" que consumiría, además, "un injustificable expolio del patrimonio común".