Marlaska llama a 45 testigos e internacionaliza el caso Yak 42

• Cita al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Felix Sanz Roldán
• Cursa comisiones rogatorias en quince países
• Las declaraciones se tomarán en septiembre y octubre

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado como testigos a 45 personas -una treintena de ellos militares, incluido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán- y ha cursado comisiones rogatorias a quince países en la causa en la que investiga el accidente del Yak-42.

En concreto, Marlaska ha llamado a militares como el que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio González; al ex director de la Guardia Civil Carlos Gómez Arruche y al ex subsecretario de Defensa Víctor de la Torre.

Entre los civiles  que declararán figuran la diputada del PSOE María del Carmen Sánchez Díaz -que planteó al Gobierno del PP numerosas preguntas sobre el accidente del Yak-, varios empleados de Chapman Freeborn -la empresa contratista del avión-, un periodista que viajó en un vuelo anterior de la aeronave y el presidente del sindicato de pilotos SEPLA.

Las declaraciones se producirán durante los meses de septiembre y octubre.

Fuera de España

El juez también acuerda que se tome declaración a otros testigos fuera de España: en Luxemburgo, a dos directores generales de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior; en Noruega, a los militares que se quejaron de las condiciones de las aeronaves, y en Ucrania, al presidente de la empresa arrendataria del Yak siniestrado.

Además, el auto incluye comisiones rogatorias pidiendo diversos datos a un total de quince países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.

Por último, Marlaska solicita centenares de documentos a los Ministerios de Defensa y de Fomento, al Congreso de los Diputados y Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación, a los que pide una copia de las informaciones transmitidas el día del accidente, el 26 de mayo de 2003, y en las fechas inmediatamente posteriores.

Todas las diligencias acordadas en la resolución notificada habían sido solicitadas por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro en la causa en la que se investigan las posibles irregularidades en la contratación del avión.