La trama de corrupción urbanística en Estepona comenzó en 2003 por un hombre de Roca

• Pedro López, coordinador de Urbanismo del ayuntamiento, habría sido el origen de la trama
• La juez deja en libertad con fianza de entre 100.000 y 500.000 euros a otros 4 implicados
• El número de detenidos se eleva a 26
• La Junta de Andalucía decide personarse como acusación

Siguen las declaraciones en Estepona

El origen de la corrupción urbanística en Estepona tiene una fecha y un nombre: el año 2003 y el coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, Pedro López, considerado el hombre de Juan Antonio Roca -principal implicado en el caso Malaya-, según ha desvelado Radio Nacional.

López, que dependía directamente del alcalde, Antonio Barrientos, habría sido el contacto entre Roca y Estepona, que a su vez ha sido la pista que ha llevado a destapar la trama de corrupción en el consistorio malagueño.

En concreto, la Policía tuvo conocimiento de los lazos entre Roca y el Ayuntamiento de Estepona a partir de un convenio urbanístico firmado en 2005, en el que participó uno de los testaferros del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

Cuatro detenidos en libertad con fianza

Por su parte, la juez que instruye la operación Astapa, Isabel Conejo, ha decretado la libertad provisional con fianzas de entre 100.000 y 500.000 euros para tres de los detenidos y sin fianza para un cuarto por diversos delitos.

En concreto, el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria "Valle Romano", Luis Fernando Linares, tiene un plazo de 72 horas para abonar 500.000 euros, mientras que en el caso de dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros.

A los tres se les acusa de fraude y malversación y se les prohíbe salir de España y deberán comparecer cada quince días en el juzgado y que a los dos abogados también se les imputa un presunto tráfico de influencias.

En cuanto a Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, ha quedado en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias y deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Otras tres personas se encuentran en libertad provisional con fianza por esta operación, mientras que dos más están en libertad sin fianza pero con cargos.

26 detenidos

En total,  ya han prestado declaración 12 de los 25 detenidos, a los que se les ha unido el ex concejal del equipo de gobierno y actual edil por el Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo.

En este sentido, la Policía ha tomado declaración como testigo a la ex edil del Partido Estepona (PES), creado por ex integrantes del GIL, Marta Solís, quien formó parte de la anterior corporación hasta dimitir en enero de 2006 tras enfrentarse con Crespo.

Además, ha declarado ante la Policía como testigo el técnico de Salud Alfredo Ruiz durante una hora, aunque ha eludido pronunciarse ante los periodistas al salir.

La Junta se persona

En el capítulo de reacciones política,  la Junta de Andalucía ha decidido personarse como acusación en las actuaciones judiciales abiertas, ya que la Administración autonómica ha tramitado un total de 86 denuncias vinculadas a la disciplina urbanística desde el año 2003 en la localidad.

Dichas denuncias, que han sido impulsadas tanto por la Delegación  Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga como por la  Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio,  Urbanismo y Vivienda, se refieren de manera mayoritaria a  construcciones y edificaciones en suelo urbano y urbanizable.

Por otro lado, el Ayuntamiento intenta recuperar la normalidad tras los registros iniciados ayer en su sede principal y en las áreas de Urbanismo y Hacienda y el arresto, entre otros, del propio alcalde, el socialista Antonio Barrientos.

Mientras tanto, el Gobierno ha confirmado a través de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que no se ha planteado disolver este ayuntamiento por el momento.