El Gobierno vasco prepara una ley para las "víctimas de la violencia política"

• La norma beneficiaría también a las víctimas "de las fuerzas de seguridad del Estado"
• El informe incluye a los muertos bajo custodia policial y las torturas en interrogatorios
• Según la AVT, es "indignante y humillante" para las víctimas del terrorismo
• Su presidente acusa al Gobierno Vasco de posicionarse "al lado de los asesinos"
• La dirección de Derechos Humanos aclara que son sólo "recomendaciones"

El Gobierno Vasco prepara una nueva ley de "víctimas de la violencia política" que beneficiaría a víctimas de la policía, grupos parapoliciales o ultras, que suponen, según sus cálculos, casi cien muertos y unos 500 heridos, según el informe de la dirección de Derechos Humanos, al mando de Jon Landa, al que ha tenido acceso EFE.

El conocimiento de este informe se produce el mismo día en el que el Parlamento vasco ha aprobado, con consenso, la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

El informe "es un mandato parlamentario en el que se exige la identificacion de las victimas y la formulacion de recomendaciones para su tratamiento. Debe estar acabado ante del 30 de junio y se presentará el día 24 en el Parlamento vasco, en la comisión de Derechos Humanos. Allí será objeto de debate", ha confirmado a RTVE.es Eva Monente, asesora de prensa de Jon Landa.

Monente ha explicado "el director de Derechos Humanos [Jon Landa] hace un resumen y lo envía luego a los parlamentarios". Esta dirección depende del Departamento de Justicia, que dirige EA.

El informe preparatorio de la futura ley para "víctimas de vulneraciones de derechos humanos y derivadas de la violencia de motivación política" trataría de atender a personas que "resultaron muertas y heridas en controles de carretera, bajo custodia policial o en manifestaciones, que fueron torturadas y/o agredidas sexualmente, así como personas muertas en atentados de grupos parapoliciales, o por grupos ultras".

Monente ha confirmado a RTVE.es que "quedan al margen las víctimas de terrorismo, que ya tienen su propia dirección". La portavoz ha aclarado que se trata de "víctimas desde el año 68, que siguen sin estar catalogadas como víctimas del terrorismo, pero que han sufrido vulneraciones de derechos humanos derivadas de una motivación política, ya sea en huelgas, manifestaciones u otras causas" y ha puesto como ejemplo las víctimas del 3 de marzo, una manifestación celebraba en 1976, en Vitoria, en la que murieron varias personas.

Preguntada por si la futura ley pudiera amparar a personas sospechosas o implicadas en actos de terrorismo, la portavoz de la dirección de Derechos Humanos ha declarado a RTVE.es no tener "ni la menor idea" y ha reiterado que "será objeto de debate en la comisión correspondiente".

Víctimas "de las fuerzas de seguridad del Estado"

El informe busca "mostrar una realidad olvidada y la empatía necesaria con las víctimas que fueron objeto de dichas vulneraciones". Se trataría de atender a dos tipos de víctimas: por una parte, a las de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Serían los casos de personas fallecidas o heridas cuando estaban detenidas o retenidas, torturadas en interrogatorios, heridas por disparos de la policía cuando estaban bajo su custodia en cuarteles, comisarías o vehículos policiales, muertos o heridos en controles de carretera.

La nueva ley también se ocuparía de "muertos o heridos en altercados con agentes fuera de servicio, o muertos al reprimir la policía movilizaciones". Las "características comunes" de estos casos, según el informe, son "la impunidad de los autores, la falta de conocimiento real de los hechos y la consiguiente ausencia de esclarecimiento o investigación, así como la soledad de las víctimas".

A todos ellos el informe recomienda ofrecer una reparación, tanto mediante medidas individuales (restitución, indemnización y rehabilitación) como colectivas, de reconocimiento. También sugiere la puesta en marcha de una oficina de atención a las víctimas de la violencia de motivación política, la constitución de una ponencia en el Parlamento Vasco sobre este asunto y la aprobación posteriormente de una ley que atienda a estas víctimas.

Críticas de la AVT

En declaraciones a RTVE.es, el presidente de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio García Casquero, ha dicho que el informe es "indignante y humillante". Según García Casquero, "quiere equiparar a un señor que dice haber sido torturado con una víctima del terrorismo. El Gobierno Vasco define con este informe su política y de qué lado está, del lado de los asesinos", ha dicho.

También anima al Gobierno Vasco a demostrar "si hay alguna sentencia que condene a algun miembro de las Fuerzas de Seguridad" y hace una petición a Alfredo Pérez Rubalcaba: "El ministro debería salir y negar que se practique la tortura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado", ha afirmado.

"Sólo recomendaciones"

La dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que ocupa Jon Landa, ha asegurado hoy que se ha limitado a ofrecer "recomendaciones" a los grupos parlamentarios sobre la manera de atender a las "víctimas de la violencia política".

En un comunicado, la dirección de derechos Humanos ha recordado que la redacción del polémico informe es un mandato del Parlamento Vasco, "al que no podemos sustraernos y que exige identificación de las víctimas y formulación de recomendaciones para su tratamiento, y ello, con un plazo preceptivo: antes del 30 de junio".

Landa matiza sobre su recomendación de que se ponga en marcha una oficina para estas víctimas que "cabría la posibilidad de que la atención a este colectivo de víctimas, pudiera ser prestada por la actual Dirección de Víctimas, por la actual Dirección de Derechos humanos o por ambas". 

Precisamente la directora vasca de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, viuda de un gobernador civil asesinado por ETA, ha lamentado la irrupción en el debate político de esta propuesta del Departamento de Justicia y ha dicho que no goza del aval del Gobierno vasco.