Solana: es "totalmente desproporcionada" la amenaza de Chávez por la directiva de inmigración

• Chávez ha amenazado con no vender petróleo a los países que apliquen la directiva
• La reacción de Solana es la primera de un responsable comunitario
• La directiva pretende armonizar dentro de la UE las condiciones de retención y expulsión
• Se fija el período máximo de retención de los inmigrantes hasta 18 meses

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha calificado de "totalmente desproporcionada" la advertencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados.

   

Chávez ha anunciado que el Gobierno venezolano no venderá petróleo a los países que apliquen la directiva (ley europea) para la expulsión de los indocumentados, que ha sido respaldada unánimemente por los veintisiete gobiernos de la Unión Europea (UE), aunque criticada por organizaciones internacionales.

El dirigente venezolano ha calificado de "indignante" la iniciativa que llamó "directiva del bochorno". La amenaza de Chávez se ha producido mientras celebran en Bruselas su cumbre semestral los dirigentes de la Unión Europea.

La reacción de Solana, Alto Representante y secretario general del Consejo de la UE, es la primera de un responsable comunitario. La directiva de retorno pretende armonizar dentro de la Unión Europea las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes "sin papeles".

El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles pasado a favor de esta legislación, sin introducir ningún cambio en el texto que había sido acordado por el Consejo de ministros de la UE.

  

La directiva, a la cual deberán adaptarse los ordenamientos nacionales una vez entre en vigor, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.

Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

  

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración antes de que puedan entrar legalmente en territorio comunitario. En los últimos días, la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos se ha pronunciado en contra de esta ley.