La cúpula militar declara que no había motivo para dudar de la seguridad del Yak-42

• Antonio Moreno Barberá era el responsable de las misiones militares entre 2000 y 2004
• El ex JEMAD asegura ante el juez que "las cosas se estaban haciendo bien"
• Los interrogatorios prosiguen mañana con tres responsables del Estado Mayor Conjunto
• Hay cinco altos mandos militares acusados de imprudencia grave con resultado de muerte

La cúpula militar declara por el caso del Yak-42

El que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre los años 2000 y 2004, Antonio Moreno Barberá, ha declarado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, por su presunta responsabilidad en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. Moreno ha asegurado que "las cosas se estaban haciendo bien" y no había motivos para dudar de la seguridad del avión, porque no sólo no se recibieron quejas sino que incluso hubo un informe favorable.

El ex JEMAD está acusado junto a otros cuatro altos mandos militares de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte. A él en concreto, que era el máximo responsable de las misiones militares en el exterior, los familiares de los 62 militares fallecidos le responsabilizan de no haber hecho nada a pesar de conocer las quejas sobre el mal estado de los aviones que se utilizaban en estas operaciones.

Según su abogado Joaquín Rodríguez, el militar, que ha comparecido durante más de una hora ante el juez, ha asegurado que "no había motivo alguno para dudar de la seguridad del avión" porque había volado en tres ocasiones antes del accidente y "no hubo ningún parte relativo a la seguridad" sino un informe "favorable" sobre uno de los viajes que hizo.

"Ha quedado perfectamente claro - ha añadido- que ni al JEMAD ni al Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON) llegó queja alguna referida a la seguridad antes del accidente".

"Volverían a actuar igual"

Tras Moreno, Grande-Marlaska ha interrogado durante una hora al ex JEMACON Juan Luis Ibarreta, que inició los contratos con la agencia de la OTAN NAMSA para el alquiler de las aeronaves que trasladaban a las tropas, y quien ha subrayado que "volverían a actuar igual", incluido el mismo sistema de vuelos "que se venía haciendo".

También ha dicho al juez, de acuerdo con los abogados de las familias de los fallecidos Leopoldo Torres y Leopoldo Gay, que se optó por realizar los vuelos a través de NAMSA en lugar de recurrir a la Ley de Contratación del Estado porque ofrecía "flexibilidad" y asumía "un riesgo y una responsabilidad" que ninguna otra compañía comercial estaba dispuesta a correr.

Moreno ha reconocido, según la acusación particular, que las inspecciones de los aparatos que hacía su departamento eran "suaves", es decir, operativas y no técnicas, y se hacían en un 20% de los aviones.

Sin embargo, ambos militares han negado haber recibido ninguna de las 14 quejas sobre deficiencias en los aviones, que, según las familias, podrían haber llegado a la cúpula militar e incluso al entonces ministro Federico Trillo. Expresamente se han referido a las dos supuestamente más comprometidas para la seguridad de los vuelos, que procedían del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV).

El martes continúan las declaraciones

A estas dos declaraciones le seguirán, el martes, las de tres responsables del Estado Mayor Conjunto (EMACON): José Antonio Martínez y Joaquín Yáñez, encargados de controlar los contratos de los aviones, y Alfonso Elías, que solicitó mediante un correo electrónico a la contratista Chapman Freeborn el Yak-42 que luego se estrelló.

Los cinco están imputados de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte como supuestos responsables de no haber ejercido el "control efectivo" del cumplimiento del contrato que el EMACON suscribió con NAMSA para el traslado de tropas españolas al y desde el exterior.

La imputación de los mandos militares se hizo a petición de las acusaciones populares que ejercen las familias de los fallecidos y de la Fiscalía, que considera que la investigación ha confirmado que las deficientes condiciones de seguridad del vuelo y el alto riesgo que suponía para las tropas españolas eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa.

Cierre y apertura de la causa

La causa, que se inició el 31 de octubre de 2003, cuando la Asociación de Familiares de las víctimas del accidente presentó la primera denuncia, fue archivada  el 1 de junio de 2007, con el argumento de que no había apreciado responsabilidad penal en los funcionarios del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenó a Grande Marlaska reabrir la causa el pasado 22 de enero al estimar "precipitado" el archivo.

El tribunal consideró que la seguridad del vuelo siniestrado estaba "seriamente comprometida" por varias carencias que debían ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que "nadie de los obligados a ello" actuó para corregirlas a tiempo y evitar el accidente, que se produjo cuando los militares españoles volvían de una misión en Afganistán.

En la Audiencia Nacional hay abierta otra causa en la que se investiga la identificación errónea de treinta de los 62 cadáveres de las víctimas del siniestro.

La Fiscalía acusa por estos hechos de un delito continuado de falsedad documental a otros tres militares, el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez y pide cinco años de prisión para el primero 4 años y medio para los otros dos.