La familia de Mari Luz indignada ante la posible falta leve al juez Rafael Tirado

• La sanción económica leve, aún sin ratificar, es de entre 1.000 y 6.000 euros
• Convocada manifestación el 7 de julio a las 12:00 hs. ante los juzgados de Sevilla
• Cortes, padre de Mari Luz: 'esta posible sanción leve es una prueba de corporativismo'

La familia de Mari Luz ha asegurado hoy sentirse 'estafada, utilizada, engañada e indignada' después de conocerse que el CGPJ pretende imponer al juez Rafael Tirado, responsable de que Santiago del Valle estuviera en libertad el 13 de enero, una sanción económica leve de entre 1.000 y 6.000 euros.

Una noticia que dio a conocer este lunes EL País, donde se asegura que el Consejo se inclina por imponer una multa leve al juez del 'caso Mari Luz'.

Como primera medida de protesta la familia ha convocado una primera manifestación para el 7 de julio a las 12:00 horas ante los juzgados de la capital sevillana.

El padre de la pequeña, Juan José Cortés, ha precisado que el lema que él y su familia han mantenido hasta ahora de 'una justicia justa' para el caso de su hija 'se está desvaneciendo'  y ha asegurado que, pese a que la sanción aún no está ratificada, 'no se esperaba para nada' algo así, 'confiaba en la Justicia y esperaba que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se iba a expulsar a esta persona de la carrera judicial'.

Para Cortés, la única sanción posible para una persona que, según un informe del Consejo ha cometido hasta diez faltas que implican dejación de sus funciones profesionales, es la expulsión de la justicia española. Advierte que no van 'a consentir que ni el juez ni su secretaria ni nadie que haya tenido que ver con esa dejación de funciones que ha finalizado con la muerte de la niña 'salgan impunes'.

En opinión del padre de Mari Luz, esta posible sanción leve es 'una prueba de corporativismo', de algo que el propio presidente del CGPJ 'me dijo que iba a huir cuando se comprometió conmigo a que se depurarían todas las responsabilidades', al igual que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia.

'Estamos esperando que esa justicia vaya de manos de la propia justicia, de lo contrario mis abogados estudian la posibilidad de interponer una querella criminal contra Tirado, su secretaria y todos los implicados en la dejación de funciones del tribunal', concluyó Juan José Cortes.