Garzón ordena la detención de otro empresario por el pago del 'impuesto revolucionario'

• Se trata de Jesús Guibert, de 81 años, que ya fue secuestrado en 1983
• La Guardia Civil ha registrado su domicilio
• Su detención está relacionada con la documentación incautada a 'Thierry'
• Los empresarios vascos pide "amparo" para los extorsionados por ETA

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Azpeitia al empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue vinculado a varias empresas con sede social en Guipúzcoa dentro de la investigación por el pago del denominado impuesto revolucionario de ETA. 

Además, han registrado el domicilio del detenido, ubicado en San Sebastián, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Guibert, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN y quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.

El empresario permanecerá en situación de detenido previsiblemente hasta que finalicen los registros, como ocurrió con José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor.

Relación con 'Thierry' 

Ambos registros están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.

Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que "muy posiblemente" y "a la vista de los atestados policiales" Garzón citará en los próximos días a Jainaga y a Azkue para tomarles declaración como imputados

Críticas de empresarios y el gobierno vasco

Esta operación ha sido criticada por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, que ha considerado que "alguien tendría que poner coto" al juez por actuar de "forma despreciable", al "convertir a las víctimas (de la extorsión de ETA) en delincuentes".

En la misma línea se ha pronunciado la patronal vasca, Confebask, que ha pedido "amparo y respeto" para los empresarios extorsionados por ETA y ha sostenido que "en ningún caso cabe tratarles como delincuentes" porque "toda persona extorsionada y amenazada por la acción del terrorismo es, ante todo, una víctima".