El Gobierno garantizará la intimidad de las mujeres que aborten y la calidad asistencial
- De la Vega cree que su intimidad es un derecho que recoge la Constitución
- Se garantizará la confidencialidad de sus datos que sólo se revelarán con orden judicial
- Los datos clínicos irán separados de los personales que se conocerán a través de un código
- El Consejo de Ministros ha hecho balance de la Ley Integral contra la Violencia de Género
Garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo y la confidencialidad de sus datos. Ese es el objetivo que persigue el Gobierno y para ello aprobará un Decreto Ley que haga efectivos estos derechos, además de la calidad en la asistencia sanitaria tanto en centros públicos como privados.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para quien es necesario proteger a las mujeres que toman la "dífícil" decisión de abortar. "Estas mujeres llevan reclamando mucho tiempo el derecho a su intimidad que además está recogido en la Constitución", ha destacado.
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que ha acompañado a De la Vega en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, todos los centros que practiquen abortos tendrán que separar los datos clínicos de las pacientes de los datos personales que irán vinculados a un código. Sólo se conocerán los datos que recoge ese código con una orden judicial.
"Garantizaremos la equidad y la calidad en el servicio prestado en los centros en los que se practican abortos", ha insistido la número dos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que además ha dejado claro que se prohibirá la cesión y la utilización de los datos de las mujeres "salvo que así lo exija un juez".
"Nadie puede entrometerse en la intimidad de estas mujeres que no pueden añadir a una decisión tan complicada el escarnio que supone dar a conocer su identidad", ha aseverado.
El Gobierno venía ya trabajando hace tiempo en este real decreto, que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad-, y cuya finalidad es mantener oculta la identidad de las mujeres que se sometan a un aborto en los supuestos que contempla la ley.
El Real Decreto tendrá un efecto retroactivo y las mujeres que se han sometido a un aborto antes de la aprobación del mismo podrán solicitar al centro en el que se praticó la intervención la confidencialidad de sus datos.
De la Vega ha señalado que se va a proponer una modificación de la ley del aborto con el fin de dar más garantías y más seguridad a las mujeres que se encuentran en esta circunstancia y también de los profesionales sanitarios.
Las denuncias por violencia machista han aumentado un 72% en cinco años
Asimismo, el Consejo de Ministros ha analizado un informe del Ministerio de Igualdad sobre los tres años de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Aído ha puesto de manifiesto que desde el año 2002 hasta el 2007 las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género han aumentado un 72,1% y que ha aumentado la sensibilidad social hacia esta lacra. Ha destacado el incremento del Gobierno de las medidas de prevención, concienciación y de seguridad para proteger a las mujeres que sufren este tipo de violencia.
La ministra aboga por impulsar un Pacto de Estado en el que intervenga la Administración central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos ya que ha reconocido que se requiere de una mayor coordinación entre todas las administraciones para hacer frente al problema. En este sentido, ha considerado "prioritaria" la Conferencia de presidentes autoónomos para tratar de forma monográfica la violencia machista.
En su opinión, la ley está aún en una "fase incipiente" y ha cumplido sus objetivos porque "hay más derechos y más mujeres están protegidas" aunque ha querido dejar claro que "el Gobierno no puede estar nunca satisfecho mientras haya una sóla mujer víctima de los malos tratos".