Sudán dice que la Corte Penal Internacional no tiene autoridad legal sobre sus ciudadanos
- Al Bachir asegura "la CPI no tiene jurisdicción sobre Sudán" y dice que todo es "mentira"
- Hasta diez cargos de genocidio, lesa humanidad y guerra pesan sobre el presidente Al Bachir
- El secretario general de la ONU Ban Ki-Moon ha pedido a Sudán seguridad para sus tropas
- Amnistía Internacional califica el anuncio de la CPI como "un paso importante"
Sudán ha rechazado la competencia legal de la Corte Penal Internacional (CPI), después de que su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, acusara de genocidio al presidente sudanés, Omar Hasán al Bachir, por los crímenes cometidos en la región de Darfur, al oeste del país.
Al Bachir ha rechazado la autoridad de la CPI sobre su país. "Para empezar, no somos miembros de la Corte... la CPI no tiene jurisdicción sobre Sudán", ha dicho el presidente en sus primeras declaraciones desde la acusación de genocidio de Moreno Ocampo.
"Cualquiera que haya visitado Darfur habrá conocido funcionarios y descubierto sus identidades étnicas y sus tribus... sabrán que todas esas cosas, incluyendo limpiezas étnicas, son mentiras" ha añadido Al Bachir.
En el mismo sentido se ha manifestado el vicepresidente Ali Ozman Mohamed Taha: "Sudán no ha aceptado incorporarse a la CPI, por lo que ésta no tiene ninguna autoridad legal sobre el gobierno o los habitantes de Sudán". Por ese motivo, Taha señaló que "el fiscal jefe no tiene facultad para juzgar a ciudadanos sudaneses", por lo que su decisión de pedir una orden de arresto internacional contra Bachir carece de "legitimidad".
El fiscal ha presentado a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur y serán los magistrados de la sala preliminar de la CPI quienes tendrán que decidir ahora si las pruebas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán.
Diez cargos pesan sobre Al Bachir
La acusación contra Al Bachir incluye diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación. La fiscalía de la CPI sostiene que el presidente "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de Darfur.
En cuanto a la postura de su gobierno respecto a la crisis de Darfur, Taha señaló que "el Ejecutivo sudanés considera que es un conflicto local entre grupos y tribus de la zona que se disputan los recursos naturales y las zonas de pastoreo". Además, según Taha, el conflicto se originó antes de que Bachir asumiera el cargo como presidente en 1989 y se ha agravado debido a factores "naturales" como la sequía y la desertización, que han obligado al desplazamiento masivo de los habitantes de Darfur en busca de agua y de alimentos.
Ban Ki-Moon pide seguridad para sus tropas
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido al Gobierno de Sudán que garantice la seguridad de las fuerzas de la ONU en ese país. "Es esencial para la ONU continuar con sus operaciones de mantenimiento de la paz y su labor humanitaria en Sudán y contamos con el Gobierno de Sudán para que garantice la seguridad del personal de la ONU y sus instalaciones", afirmó Ban tras reunirse con el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner.
Ban expresó su esperanza de que el Gobierno de Sudán actúe "con sabiduría y plena cooperación con la ONU". Ban ha recordado que ese tribunal "es un órgano independiente" y ha afirmado que "la paz y la justicia deben ir de la mano". La misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) ha anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades como medida preventiva ante un posible brote de la violencia.
Kouchner apoyará la decisión de la CPI
Preguntado sobre si apoyaría a la CPI incluso si pusiera en peligro la misión de paz de la UNAMID, Kouchner respondió que "no se puede decir una cosa y hacer la contraria". "Sabemos cuáles son las consecuencias pero somos partidarios de la corte internacional y pensamos y sabemos que no es posible ir contra sus decisiones", declaró.
Sin embargo, "somos conscientes de la necesidad de hablar" con Al Bachir y de que no haya provocaciones, ha argumentado el responsable diplomático francés. Al Bachir "debe respetar" las decisiones de la CPI, según el ministro, al tiempo que ha insistido en que hay que ser "muy prudentes con la seguridad de nuestra gente".
Amnistía Internacional lo califica como "un paso importante"
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha afirmado que la orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, es "un paso importante" para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en ese país.
AI destaca que ha venido pidiendo de forma reiterada que se depuren responsabilidades penales individuales por los crímenes contra el derecho internacional cometidos por las partes en conflicto en Darfur. Asimismo, hizo un llamamiento al Gobierno de Sudán para que garantice que la población civil en Darfur continúa recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y protección.