El PP anuncia que también recurrirá la ley de consulta soberanista de Ibarretxe

• Rajoy asegura que coincidir con el Partido Socialista no es "política ficción"
• Bermejo advierte que utilizarán todas las "herramientas legales" para frenar la consulta
•  Alonso afirma que Ibarretxe no tiene más alternativa que acatar la sentencia del TC

Las reacciones tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley soberanista del lehedakari, Juan José Ibarretxe, no se han hecho esperar.

En una inusual línea de sintonía con el Gobierno, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que su partido también presentará hoy mismo un recurso contra la ley, ya publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. 

Rajoy ha asegurado que coincidir en algunos asuntos con el Partido Socialista no es "política ficción" y ha considerado que el País Vasco necesita "libertad y derechos individuales", ocuparse de la economía y estabilidad institucional.

"Todas las herramientas legales"

Mientras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que el Gobierno no descarta ninguna herramienta legal para frenar la consulta impulsada por el lehendakari.

Preguntado sobre si el Gobierno podría suspender la autonomía del País Vasco si Ibarretxe persevera en su intento, Bermejo ha afirmado que "todas las posibilidades legales están ahí para ser utilizadas".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, ha asegurado que Ibarretxe no tiene más alternativa que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la ley que ampara su consulta.

Misión cumplida

Alonso ha subrayado que el Gobierno ha cumplido su compromiso de actuar "inmediatamente" después de que la ley fuera oficialmente publicada, con lo que hace "lo que tiene que hacer" para frenar esa iniciativa.

Aunque el PP presentará otro recurso, Alonso ha hecho incapié en que el del Gobierno es el único que posee capacidad de suspender la iniciativa del lehendakari durante un plazo máximo de cinco meses, en el que cual debe pronunciarse el Constitucional.

A partir de ahí, ha sentenciado, el lehendakari no tiene más alternativa en un Estado de Derecho que "el cumplimiento y el acatamiento estricto" de la decisión del Tribunal Constitucional.