Una década de justicia universal

• El Estatuto de Roma, que dio origen al Tribunal Penal Internacional, cumple 10 años
• En total, 106 países se han adherido, aunque siguen al margen EE.UU., China y Rusia
• Pese a las dificultades, la fiscalía ha instruido ya cuatro casos, todos en África

El fiscal del TPI, Luis Moreno ocampo, anuncia ante los medios la acusación contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, por crímenes de guerra y contra la humanidad

Ni siquiera la defección de Estados Unidos fue capaz de atemperar el entusiasmo de los políticos aquella tarde en Roma. La ONU había tardado medio siglo en crear un tribunal permanente que enjuiciara los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero el 17 de julio de 1998, 120 países respaldaron el texto que daba lugar al Tribunal Penal Internacional. "Es una jornada histórica", aseguraba el entonces ministro de exteriores italiano, Lamberto Dini, que hacía de anfitrión.

En realidad era un paso, uno más de los cientos de pequeños avances que la justicia universal ha dado en los últimos 60 años, desde los Juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis. Porque el Tribunal Penal Internacional (TPI) nació con deficiencias, la mayoría de las cuales permencen aún hoy.

En primer lugar, la falta de respaldo de varias potencias, como China, Rusia, Israel, India y, la más relevante, Estados Unidos, que sigue desconfiando de que una corte independiente pueda juzgar a sus soldados y diplomáticos desplazados en el extranjero. Por el momento, 106 países se han adherido al Estatuto de Roma, entre ellos España, pero solo dos con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU: Reino Unido y Francia.

Esta condición es importante porque, aunque la fiscalía del TPI puede actuar de oficio, hasta ahora solo ha iniciado investigaciones a petición de alguno de los Estados parte, como se denomina a lo signatarios del Estatuto, o del Consejo de Seguridad de la ONU.

Deficiencias

No es su única limitación: el principio de complementariedad establece que solo podrá juzgar un delito que el Estado en el que fue cometido no pueda o no quiera investigar. Tampoco puede ocuparse de delitos cometidos antes de su entrada en vigor, en julio de 2002, cuando al menos 60 países ratificaron el texto aprobado en Roma.

Si un país no ratifica el tratado, el TPI no puede actuar respecto a los delitos cometidos en su territorio. Y tampoco puede juzgar, por el momento, los actos de agresión, que sigue, una década después, sin estar definido en el estatuto de Roma.

Además, dispone de medios relativamente escasos -su presupuesto para 2008 es de 90 millones de euros y en su sede de La Haya (Holanda) trabajan 485 personas- y se le acusa de lentitud en sus procedimientos, así como de la existencia de interferencias políticas.

Un triunfo contra la impunidad

"Si la CPI tuviera el apoyo sólido de los países más relevantes, su actuación sería mucho más eficaz", comenta a RTVE.es Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, subrayando que la adhesión de Estados Unidos "será el momento de inflexión".

Giulia Tamayo, de Amnistía Internacional, destaca que "junto a avances notables, sigue habiendo grandes retos", fundamentalmente convencer a los 90 estados que no han ratificado el Estatuto de que se adhieran. A ello se dedican las más de 2.500 ONG encuadradas en la Coalición por la Corte Penal Internacional.

"Los Estados no parecen comprender que los delitos de lesa humanidad no atentan contra sus intereses, sino contra la humanidad", resalta Tamayo, que, en cualquier caso, no deja de reconocer que la creación de la Corte Penal Internacional fue "un triunfo contra la impunidad".

Avances progresivos

Pese a todas las dificultades, es innegable el logro que supone la existencia de un tribunal con carácter permanente y con capacidad para juzgar los crímenes más graves que reconoce el derecho internacional -genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad-, con independencia de la condición de los encausados, que no pueden ampararse en un cargo oficial, y sin que esos delitos prescriban.

Así, el pasado lunes, el fiscal general del TPI, Luis Moreno Ocampo, acusaba por primera vez a un jefe de Estado en ejercicio, el sudanés Omar Hasan al Bachir, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su respaldo a la guerrilla yanyauid en Darfur.

Es muy probable que la elección de la fecha no fuera casual: el 14 de julio, fecha de la conmemoración de la toma de la Bastilla, el emblema de la Revolución Francesa, que después daría a conocer la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Solo tres días antes del aniversario del Estatuto de Roma, que dio lugar al instrumento jurídico internacional más importante desde la Carta de Naciones Unidas.