El estado de Texas no revisará los casos de cinco mexicanos condenados a muerte como pide la ONU
- El estado de Texas no reconoce el máximo tribunal de la ONU
- La primera ejecución está prevista para el 5 de agosto
- El gobernador, Rick Perry, nunca ha otorgado clemencia
- México aleja que los presos no recibieron asistencia legal de su consulado
El estado de Texas dijo hoy que no acatará una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de revisar los casos de cinco mexicanos condenados a muerte y que seguirá con el proceso que culminaría en su ejecución.
"Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero" ha declarado Robert Black, el portavoz del gobernador, Rick Perry, argumentando que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el máximo tribunal de la ONU.
La postura de Texas no ha sorprendido a quienes se oponen a la pena de muerte. "Texas ha demostrado que no le importa lo que piense el mundo", dijo Rick Halperin, presidente de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena de Muerte, una organización no gubernamental.
Desde que Perry ejerce como gobernador ha permitido la ejecución de 168 reos, una cifra récord, pero las ejecuciones de mexicanos estaban suspendidas en ese estado, como en el resto del país, después de que México iniciara el caso ante la CIJ en 2003.
Primera ejecución prevista en agosto
La moratoria terminará el próximo 5 de agosto, cuando una mezcla de cloruro de potasio y otras dos sustancias químicas detendrán el corazón de José Medellín por violar y estrangular a dos adolescentes en 1993.
El gobernador Perry nunca ha otorgado clemencia en ningún caso de pena de muerte durante los casi ocho años en el cargo. También podría intervenir el Tribunal Supremo de EE.UU para aplazar la ejecución.
Los procesos para aplicar la pena de muerte a los otros cuatro mexicanos también están muy avanzados, según la embajada de ese país en Washington.
Texas vs Corte Internacional de Justicia
La inminencia de las ejecuciones llevó a México a apelar a la CIJ, que hoy ordenó al Gobierno de Estados Unidos tomar "todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional las inyecciones letales.
Sin embargo, la decisión del Gobierno central difiere de la que toman los estados, que en el pasado han manifestado poco interés en seguir los dictámenes de la CIJ. De hecho, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien negó clemencia a 152 reos cuando era gobernador de Texas, se ha visto forzado a colocarse en la incómoda posición de instar a los estados a seguir las sentencias de la Corte de La Haya.
Black afirmó que ni siquiera Bush pide a Texas que detenga las ejecuciones cambiaría la postura del estado.
Presos sin recibir asistencia legal de su consulado
En caso de suspender las ejecuciones de estos cinco reos el gobierno mexicano podría pedir la revisión de los casos apelando a la llamada "sentencia Avena".
Se trata de una sentencia del año 2004 que dictaminó que en 1963 Estados Unidos violó la Convención de Viena por no ofrecer asistencia consular a 51 mexicanos detenidos por aquellas fechas.
Lo mismo que ocurre ahora con los cinco presos mejicanos que esperan en el corredor de la muerte.No se les dio la posibilidad de recibir asistencia legal desde el consulado de su país.
El estado de Texas argumenta que el resultado de los juicios a los 51 mexicanos en el corredor de la muerte no habría variado si hubieran tenido asistencia consular.