La Fiscalía pidió el embargo de la casa de la madre de De Juana a un tribunal equivocado
- La petición se envió a un tribunal que le condenó por amenazas, no por sus atentados
- La condena por amenazas no incluye reparaciones a las víctimas
- El error no tendrá consecuencias, ya que ha sido reenviado a la sala correcta
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado miércoles pidió el embargo de la casa de la madre del etarra José Ignacio de Juana Chaos, remitió su petición a una Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional equivocada, según fuentes jurídicas.
Al parecer, el escrito redacto por el fiscal Ignacio Gordillo fue enviado al tribunal que condenó a De Juana Chaos por amenazas y no al que le impuso el último pago de indemnizaciones a sus víctimas, en este caso por el atentado en la madrileña plaza de la Republica Dominicana.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal condenó al terrorista en noviembre de 2006 a 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas por la publicación de dos artículos en el diario Gara. En esta sentencia, sin embargo, no se impuso al etarra la obligación de asumir ningún tipo de responsabilidad civil.
Posteriormente, en febrero de 2007 el Supremo le rebajó la pena a tres años, al considerar que el delito que se ajustaba a su actuación era el de amenazas en concurso con enaltecimiento del terrorismo.
Sin consecuencias
En todo caso, la Fiscalía debería haberse dirigido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que fue la última que condenó a De Juana al pago de indemnizaciones a sus víctimas, en este caso por el atentado en 1986 en la plaza de la República Dominicana, en el que fallecieron 12 guardias civiles y 60 personas resultaron heridas. Por esta acción criminal este tribunal le condenó tres años más tarde a una pena de 2.232 años de cárcel.
No obstante, la actuación de la Fiscalía no provocará efectos en la petición del embargo, ya que la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie por la solicitud en el mismo sentido que realizó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que sí se dirigió a la Sección Tercera.