La fiscal pide 103 años y medidas para que no salga de la cárcel el acusado de matar a dos policías

• La Fiscalía quiere que se aplique al acusado la "doctrina Parot"
• Los beneficios penitenciarios se computarían sobre la totalidad de la pena impuesta
• El acusado gozaba de un permiso penitenciario el día que se produjeron los hechos
• Se le imputan dos delitos de asesinato, agresión sexual, profanación de cadáver e incendio
• Los psiquiatras dicen que Pedro Jiménez tiene un trastorno de la personalidad psicopático

La fiscal ha pedido una sentencia condenatoria para el acusado de asesinar a dos policías, Pedro Jiménez, que decrete, además, que los beneficios penitenciarios se aplicarán sobre la totalidad de la pena, lo que haría prácticamente imposible que el procesado pueda gozar de nuevos permisos.

La acusación pública, que ha mantenido la pena de 103 años de prisión, ha realizado esta petición tras la declaración de los psiquiatras que examinaron al acusado, de 39 años, quienes han indicado que padece un trastorno de la personalidad psicopático, aunque ello no le impide distinguir entre el bien y el mal.

La Audiencia de Barcelona ha celebrado la penúltima sesión del juicio por el doble crimen que ocurrió la mañana del 5 de octubre de 2004, cuando aparecieron muertas a puñaladas y con signos de haber sido víctimas de abusos sexuales dos agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía, Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas de León, en el piso de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) que compartían, que fue incendiado.

Jiménez, un interno de Can Brians, condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo y que gozaba de un permiso penitenciario el día de los hechos, es el único acusado y se enfrenta a casi 103 años de prisión por dos delitos de asesinato, agresión sexual, profanación de cadáver, incendio, robo con violencia, robo con fuerza y allanamiento de morada.

Persona muy agresiva, según los psiquiatras

Durante la sesión, los peritos psiquiátricos han destacado que el acusado, que desde los 16 años ha permanecido prácticamente siempre encarcelado, padece un trastorno psicopático "severo" y es una persona muy agresiva, con falta de empatía, hostil y dura, aunque sus capacidades volitivas no están mermadas.

También han comparecido los forenses que realizaron la autopsia de las dos chicas, que han subrayado que ambas presentaban una "indiscutible" expresión de dolor en sus rostros, pues una de ellas sufrió hasta nueve apuñaladas y la otra cuatro, parte de ellas en zonas vitales, con lo que les provocaron la muerte, aunque también existen signos de estrangulación.

Las jóvenes aparecieron en dos habitaciones distintas del domicilio, una en el suelo y la otra encima de una cama, ambas boca abajo, amordazadas, atadas de pies y manos con cuerdas y ropa, con varias heridas incisas, contusiones y signos evidentes de abusos.

Los policías científicos que han declarado han manifestado que hallaron dos huellas dactilares de Pedro Jiménez en el cinturón que ataba a una de las víctimas, así como restos de sangre,  semen y saliva del acusado en diferentes partes del escenario del crimen.

Sobre el incendio que se declaró en el piso de las policías, ubicado en el barrio de Bellvitge, los peritos han asegurado que fue intencionado, con cuatro focos, tres de los cuales no llegaron a prender con fuerza, lo que impidió que el fuego afectara a los cadáveres, uno de los cuales, no obstante, presentaba alguna quemadura.

Aplicación de la "doctrina Parot"

Tras las declaraciones de los peritos, la fiscal ha mantenido las conclusiones iniciales, pero ha añadido la petición al tribunal de que se aplique lo que se conoce como la "doctrina Parot", que el Tribunal Supremo creó para el caso del etarra francés Henry Parot, condenado por 26 asesinatos.

Dicha doctrina, prevista para los condenados por varios delitos a más de 30 años de cárcel, prevé aplicar los beneficios penitenciarios a la totalidad de la pena impuesta y no al máximo legal de cumplimiento, lo que en la práctica posibilita que los reclusos permanezcan en prisión hasta el límite de 30 años que establece la ley.

Las acusaciones particulares, ejercidas por las dos familias de las víctimas, se han sumado a la petición de la Fiscalía, mientras que la defensa ha solicitado la absolución para el presunto asesino.