El Tribunal Constitucional de Bolivia ordena suspender el referendo revocatorio

• El referendo debía revocar o ratificar el mandato del presidente y de los gobernadores
• El gobierno tacha la decisión de "cantinflada" y duce que seguirá adelante
• La consulta está convocada para el 10 de agosto
• Consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo
• La demanda alega que el referendo no está previsto por la Constitución

El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia ha ordenado este martes a la Corte Nacional Electoral (CNE) que suspenda la organización del referendo para la revocación de los mandatos del presidente y de los gobernadores convocado para el 10 de agosto.

Silvia Salame, única magistrada del Alto Tribunal debido a las sucesivas renuncias de los otro cuatro miembros elegidos por el Parlamento, ha comunicado a los medios locales que la decisión es consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).

Salame ha explicado que, pese a ser la única magistrada en funciones en el TC, después de que sus cuatro colegas dimitieran meses atrás tras denunciar presiones políticas, puede firmar un decreto de ese tipo porque hay jurisprudencia al respecto.

El Gobierno seguirá adelante

El Gobierno de Evo Morales ha tachado de "cantinflada" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el referendo revocatorio del diez de agosto y, tras acusar a este órgano de prevaricación, sostuvo que la consulta seguirá adelante. Lo ha dicho el ministro de Defensa, el abogado Walker San Miguel

San Miguel ha remarcado que la decisión de Salame "mancilla incluso el honor de la abogacía" y que el Gobierno presentará en su contra una "querella criminal por prevaricación" porque, a su juicio, no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.

El referendo "tiene que quedar suspendido, porque la jurisprudencia del Tribunal es obligatoria para la Corte Nacional Electoral, el Presidente de la República (Evo Morales) y cualquier organismo nacional", ha apuntado la magistrada Salame.

La Constitución no prevé la consulta

La demanda presentada por Murillo es un "recurso incidental de inconstitucionalidad" que alega que al convocar el referendo se violó la Constitución, debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso promulgada por Morales.

Según Salame, dado que es la única magistrada del TC no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del referendo, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los magistrados que necesite y analice el tema de fondo.

"La Corte Electoral tiene que abstenerse de continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad", ha  detallado Salame.

Cuando el diputado Murillo presentó la demanda en junio pasado, dijo que ese recurso había sido estudiado con detenimiento por sus abogados y, a su juicio, representaba un "jaque mate" para la Corte Electoral.

Respuesta a los movimientos autonomistas

El mandatario Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país, la mayoría opositores, deben someter sus mandatos a la consulta popular.

A esta votación no acudirá la prefecta de Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar, quien fue electa recientemente tras la renuncia de su antecesor.

Morales está en plena campaña para ser ratificado en las urnas y los prefectos opositores, aunque han calificado de injusta la ley de convocatoria al referendo, han aceptado someterse al mismo.

Para el mandatario indígena, el referendo debe permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas impulsados por opositores en cinco de las nueve regiones del país.