Detienen a 35 personas con 167 toneladas de cobre robado

• El SEPRONA detiene a 35 personas por robo de cable hecho con cobre
• Ha investigado 100 empresas relacionadas con la compra venta de este material
• Se han recuperado en torno a 167 toneladas de este metal

"Operación Áncora" contra el robo de cobre

El Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)  ha detenido a 35 personas por el robo de cables de cobre y ha recuperado 167 toneladas de este material, valoradas en 400.000 euros.

Estas actuaciones, que se engloban en la denominada "operación Áncora", llegan tras varios meses de investigaciones de la Guardia Civil por el incremento de robo de cables de tendido telefónico compuestos de este material.

Sin embargo, la operación no sólo se ha centrado en la detención de los presuntos autores de los robos, sino que también se ha investigado la comercialización de este metal.

Así, el SEPRONA ha investigado más de 100 empresas de fundición o chatarrerías, negocios que compraban el material robado para su posterior reutilización. De hecho, la mayoría de los detenidos son los dueños de estas empresas.

El resto de los arrestados son nueve ciudadanos rumanos que fueron sorprendidos por los agentes de la Guardia Civil mientras se disponían a recoger el material de una chatarrería para venderlo posteriormente.

La operación, que se ha llevado a cabo en Madrid, Toledo, Barcelona, Huelva y León, ha facilitado la recuperación de 167.452 kilos de cobre que las empresas afectadas por los robos valoran en más de 400.000 euros.

La mayor parte del botín se ha hallado en León, donde el SEPRONA se ha incautado de 109 toneladas de cable de teléfono fundamentalmente, aunque también se ha recuperado cable del utilizado por RENFE. Ha sido en Madrid, sin embargo, donde más empresas se han investigado por la compra de cable de dudosa procedencia: un total de 11.

Un negocio fácil

Los detenidos robaban el cobre de los cables del tendido telefónico y, posteriormente, lo vendían a las chatarrerías, que pagaban entre 3 y 4 euros por un kilo de este metal, según la Guardia Civil.

Posteriormente, el cable llegaba a grandes almacenistas o fundiciones donde el cable ya estaba pelado, troceado o quemado, con el objetivo de que no fuera identificable, se borraran las pistas y su valor aumentase en el mercado.