Turquía: preservar la laicidad como principio básico

• El Fiscal General turco ha intentado que el Constitucional declare ilegal al AK
• El partido del Gobierno ha realizado, según el fiscal, actuaciones contrarias a este principio
• La Justicia turca se afianza como guardiana de las bases del sistema político

La decisión del Tribunal Constitucional turco sobre la legalidad del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del actual primer ministro Recep Tayyip Erdogan, tiene una gran importancia para esta república.

El asunto supone el afianzamiento de la Justicia turca como única guardiana de los principios básicos del régimen, que fue instituido tras la aprobación de la actual constitución en 1982, aunque finalmente sólo haya impuesto sanciones al partido.

El sistema político de la República de Turquía se constituyó entonces como una democracia parlamentaria de carácter laico y un estado social y de derecho, lo que afianzaba a su vez las bases de una república creada tras la caída del imperio otomano en 1923. Mustafa Kemal Atatürk fue el artífice de este gran cambio para el país, convirtiénsose en su fundador y primer presidente turco.

Pero parece que estas bases no están del todo presentes en las mentes de los políticos, que, a su vez, representan a una población mayoritariamente musulmana, según los datos de la BBC.

Así, las diferencias religiosas y étnicas se materializan en las decisiones políticas, pero los mecanismos del régimen para protegerse a sí mismo parecen funcionar, tal y como se refleja en artículos de El País.

Sanciones para el AKP

En marzo de este año, el Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalcinkaya, no muy conforme con algunas políticas y decisiones del AKP, decidió solicitar la ilegalización del partido del Gobierno al máximo protector de los valores constitucionales, el Tribunal Constitucional.

Yalcinkaya aducía que el partido de Erdogan se había convertido en un 'centro de actividades antilaicas'. Solicitó también la inhabilitación política durante cinco años de unos 70 dirigentes políticos de ese partido, incluyendo al propio Erdogan y al presidente de la República, Abdullah Güll, según publica elmundo.es.

La defensa del velo como 'una elección individual', así como la modificación constitucional que permitió su uso en las universidades son dos de los motivos que el fiscal alega para la declaración de inconstitucionalidad contra el partido.

Sin embargo, todas estas actuaciones no han sido suficientes para que el Constitucional declare ilegal al partido de Erdogan. La resolución tan sólo ha dictado la imposición de sanciones para el AKP.