El 30 % de AENA pasará a manos privadas

• Las comunidades autónomas también podrán participar en la gestión de los aeropuertos
• Madrid y Cataluña serán las primeras en participar en la gestión aeroportuaria

Última reunión del Consejo de Ministros

El Gobierno ha aprobado un nuevo modelo aeroportuario que contempla que empresas privadas puedan adquirir hasta el 30% del capital de los aeropuertos y que permite la entrada de las comunidades autónomas en aquellos aeródromos cuya gestión sea especialmente compleja por sus volúmenes de tráfico.

Se trata en un primer momento de los aeropuertos de Barajas y El Prat,  que tienen un tráfico anual superior a 30 millones de pasajeros. Más adelante, dicha participación autonómica se podría aplicar en Palma de Mallorca y Málaga  donde llegan 23 y 13,5 millones de pasajeros, respectivamente

En la rueda de prensa del consejo de ministros, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha considerado "prematuro" desarrollar en profundidad cuál sera la participación de las comunidades en la gestión de los aeropuertos. 

Objetivos: seguridad y mejores servicios

Álvarez ha afirmado que el objetivo de esta medida es "mejorar la seguridad y los servicios de los aeropuertos" así como que se siga manteniendo la independencia financiera de los mismos.

La ministra ha recalcado que la gestión de los aeropuertos "no se sufraga con los impuestos de los españoles y no ha estado vinculada a los Presupuestos Generales del Estado" y ha aclarado que "se sostiene con las tarifas aeroportuarias de las compañías aéreas". 

La ministra ha explicado que el endeudamiento de la, hasta ahora, compañía estatal asciende a 7.000 millones de euros. Además ha estimado en 30.000 millones de euros el valor de mercado de AENA.

Fuera quitamiedos

Además Álvarez ha anunciado que el Gobierno instalará esta legislatura en las carreteras 10.961 kilómetros de barreras (casi el doble que las se instalaron en la legislatura pasada), de los que 1.625 serán "específicas" para la seguridad de los motociclistas. 

Se trata de sustituir las barreras de metal de las carreteras, los controvertidos quitamiedos. Varias asociaciones de motoristas habían solicitado que se eliminaran estas barreras metálicas por considerar que constituyen un peligro para los motoristas y provocan un incremento en la muertes por accidentes de tráfico. De la Vega ha considerado que se trata de  "una vieja y justa reivindicación".