España nombrará en agosto al embajador que negociará el voto de los inmigrantes
Buscará con los países de origen la reciprocidad necesaria para aprobar la medida
De la Vega defiende el carácter integrador de la medida, aprobada en el congreso del PSOE
El Gobierno español nombrará antes de que finalice agosto a su embajador especial para negociar con los países de origen de los inmigrantes acuerdos de reciprocidad para que puedan votar en las elecciones municipales, una iniciativa aprobada en el último congreso del PSOE.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado esa intención en su intervención en un acto sobre inmigración organizado en el Centro Cultural español de Santo Domingo con motivo de su visita de dos días a la capital dominicana.
A ese acto ha asistido la primera inmigrante en formar parte de la Ejecutiva del PSOE, la dominicana Bernarda Jiménez, quien en el Congreso que los socialistas españoles celebraron el mes pasado fue elegida para ocuparse de asuntos de integración.
La vicepresidenta ha explicado el deseo de su Gobierno de permitir que los inmigrantes que residen legalmente en España puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales porque está convencido de que eso contribuirá de manera decisiva a su integración efectiva y eficaz.
En busca de reciprocidad
Sin embargo, de acuerdo con la Constitución española, esa decisión exige reciprocidad en los países de origen de los inmigrantes, por lo que se ha decidido crear este cargo para que negocie con estas naciones.
Además, ha explicado que un grupo interministerial analizará la situación de los acuerdos que al respecto existen con algunos países, así como los que podrían firmarse en el futuro y los que dependen de una modificación legal.
La vicepresidenta también ha pedido tranquilidad sobre la directiva de retorno de inmigrantes y ha subrayado que esa directiva nunca se aplicará en España porque el país dispone de medidas más garantistas que esa.
La vicepresidenta ha recordado que España se ha convertido en el primer receptor de inmigrantes en la UE y el décimo en todo el mundo, y, ante ello, ha defendido que se está desarrollando una política "comprometida e integral" que se fundamenta en lograr una inmigración legal y ordenada.