Texas ejecuta al inmigrante hondureño Heliberto Chi
- El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó un último recurso de aplazamiento
- Chi, de 29 años, recibió una inyección letal en el penal de Huntsville
- El ajusticiado fue condenado a muerte por el asesinato en el 2001 de un sastre
El estado de Texas ha ejecutado al inmigrante hondureño Heliberto Chi después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. haya rechazado un último recurso de aplazamiento.
Chi, de 29 años, recibió una inyección letal en el penal de Huntsville tras ser condenado a muerte por el asesinato en el 2001 del sastre Armand Paliotta, para el cual había trabajado.
"Que Jesús reciba mi espíritu. Te quiero Edgardo", dijo refiriéndose a uno de sus primos, Edgardo Reyes, quien luchó hasta último minuto por salvarle la vida y que presenció la ejecución. "Agradezco tu trabajo. Gracias. O.K. Reciban mi espíritu. Gracias, Señor", manifestó Chi.
No solicitó la cena
La muerte del inmigrante hondureño fue certificada a las 23:25 GMT ( 1:25 hora local), nueve minutos después de que la combinación de sustancias entrara en su cuerpo, según un comunicado del penal de Huntsville.
Chi no solicitó cenar antes de recibir la combinación de sustancias inyectadas por vía intravenosa, ha asegurado una portavoz del penal de Huntsville. Otro portavoz del penal dijo a que los restos de Chi serán trasladados a una funeraria de Huntsville.
Su familia ha manifestado que posteriormente el cadáver será llevado a Honduras, donde será sepultado con una camisa a cuadros accediendo a sus deseos.
Despedida de la familia
Antes de ser trasladado a la cámara donde se le aplicaría la inyección letal Chi se despidió de su madre, Mirna Sayupa Chi, y su hermanastro, José Hernán Aceituno, con los que estuvo reunido durante cuatro horas.
Tres horas antes de que el Supremo decidiera no pedir un aplazamiento, la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra de Texas había anunciado que no intervendría en favor del condenado ante el gobernador del estado, el republicano Rick Perry.
Fue la segunda ejecución en ese recinto después de que el martes pasado Texas aplicara la pena capital al inmigrante mexicano José Ernesto Medellín, el mejor amigo del hondureño en el penal.
Tanto Medellín como Chi habían alegado infructuosamente ante el máximo tribunal del país que sus ejecuciones debían ser aplazadas porque se habían incumplido acuerdos internacionales que obligaban a las autoridades permitirles el acceso a la asistencia consular.
412 ajusticiados en Texas
Con las ejecuciones de Medellín y Chi ascendió a 412 el número de convictos que han recibido el castigo en Texas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), un organismo privado.
Esa cifra representa más de un tercio del total de 1.117 ejecuciones que se han realizado en todo Estados Unidos desde que el Supremo restableció el castigo en 1976.
Las puertas comenzaron a cerrársele a Chi el miércoles cuando un tribunal de apelaciones de Texas rechazó un recurso de amparo que habían presentado sus abogados.
Incumplimiento de tratados
Ese recurso señalaba que cuando Chi fue detenido no se le informó de su derecho a contactar con su representación diplomática, como lo establece la Convención de Viena, un tratado firmado por Estados Unidos.
Además indicaba que Honduras y Estados Unidos mantienen desde 1928 un tratado que tiene que ver con el comercio y la protección judicial. Ese acuerdo "habla de la dignidad con la que tienen que ser tratados los ciudadanos de Estados Unidos en Honduras y viceversa", según la cónsul hondureña en Dallas, Lastenia Pineda.
El abogado del hondureño, Wes Ball, ha asegurado que Chi pidió en numerosas ocasiones que se le permitiera hablar con representantes de su país porque desconocía el sistema jurídico de Estados Unidos cuando fue detenido.
Al reo, que fue detenido en California, se le permitió hablar con representantes del Consulado de Honduras cuando ya había sido sentenciado a muerte, ha manifestado.
Moratoria en la inyección letal
La ejecución de Chi estaba programada inicialmente para octubre del 2007. Sin embargo, fue suspendida cuando la pena capital estuvo bajo virtual moratoria en el país mientras el Supremo consideraba los recursos de dos condenados en el estado de Kentucky que alegaron que la inyección letal era un castigo inconstitucional.
En mayo pasado, el máximo tribunal del país rechazó dicho argumento y los estados reanudaron las ejecuciones