Ibarretxe anuncia que demandará al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo si el TC anula la consulta
- El lehendakari anuncia que personará a título individual el próximo 16 de septiembre
- Por incumplimiento de la normativa europea de Derechos Humanos y Libertades
- Zapatero responde que "todo el mundo puede ejercer sus derechos, aunque sea inadecuado".
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El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado que los partidos que conforman el Gobierno Vasco -PNV, EA y EB- impulsarán una iniciativa ciudadana para demandar a España ante la Unión Europea si el Tribunal Constitucional anula la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco.
Ibarretxe, que ha ofrecido en San Sebastián una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno con el que ha comenzado el curso político, ha asegurado que los miembros del Ejecutivo autonómico presentarán "a nivel individual" demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque consideran que sus derechos se ven "afectados" por una previsible decisión del Constitucional contra la Ley de Consulta.
El lehendakari ha anunciado su intención de demandar al Estado español el próximo 16 de septiembre, si antes no se pronuncia el Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Gobierno español a su proyecto de consulta.
La estrategia de que sean los ciudadanos los que interpongan los recursos se basa en informes jurídicos que establecen que la legitimidad para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reside en las instituciones vascas porque forman parte del Estado demandado, sino en las personas afectadas por la decisión del Constitucional, ha explicado Ibarretxe.
El lehendakari ha argumentado que el proceso de presentación de denuncias comenzará el día 16 de septiembre si el TC no se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar de la Ley de Consulta, ya que, aunque no haya fallado sobre la cuestión de fondo, los derechos de los ciudadanos quedarían ya vulnerados al no poderse convocar la consulta para el 25 de octubre.
Las demandas, ha indicado Ibarretxe, podrían presentarse individualmente o agrupadas, por lo que ha pedido a los partidos políticos que "gestionen y canalicen" el proceso para llevar a España ante el Tribunal de Estrasburgo por una presunta vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Según ha indicado, la imposibilidad de celebrar la consulta vulnería los artículos 9, 10, 11 y 14 del citado convenio, que son los que se refieren "a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos políticos".
"Al no permitirme dar mi propia valoración en torno a decirle a ETA que la violencia se ha acabado para siempre y exigir a los partidos políticos que se sienten en una mesa para alcanzar unos acuerdos políticos, entiendo que están violando mis derechos fundamentales, y por tanto recurriré individualmente el próximo 16 de septiembre", ha sostenido Ibarretxe.
El mandatario vasco ha matizado que el hecho de que sean los ciudadanos los que presenten las demandas no significa dejar al margen a las instituciones vascas, ya que el propio Gobierno Vasco "promueve y secunda" la iniciativa de plantear las denuncias.
Se ha mostrado pesimista sobre el pronunciamiento del TC, ya que ha apreciado "un síntoma de parcialidad que se observa como consecuencia de la presión política", después de que el Alto Tribunal no aceptara la personación de los partidos políticos en este procedimiento.
"Es una iniciativa de calado democrático, de profundidad política, socialmente pacífica, es la única forma en la que se pueden hacer hoy los planteamientos y las reivindicaciones", ha añadido.
Ibarretxe ha abundado en que en este país mucha gente dirá "no" a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no les deje emitir su opinión, lo que "vulnera derechos fundamentales" y constituye a su juicio "un atropello democrático".
Desde Bruselas, donde asiste a la cumbre convocada para analizar la situación en Georgia, Zapatero ha respondido escuetamente a Ibarretxe, señalando que "todo el mundo puede ejercer sus derechos, aunque el cauce sea manifiestamente inadecuado".