El 'censo' de desaparecidos de Garzón abre la caja de los truenos

• El juez Garzón ha pedido información a cuatro ayuntamientos y a la Conferecia Episcopal
• Pretende hacer un 'censo' de desaparecidos y fusilados en la Guerra Civil y la dictadura
• Da un plazo de 15 días a los denunciantes para que le remitan un listado de nombres 
• Las asociaciones aplauden, la Iglesia calla y dos vocales del CPGJ critican a Garzón

Informe semanal - Las fosas de la memoria

La polémica vuelve a estar servida en un asunto que nunca acaba de zanjarse. La llamada 'memoria histórica' está de plena actualidad tras la solicitud de Garzón de acceder a los archivos de cuatro ayuntamientos (Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba), la Conferencia Episcopal y otros organismos, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, para elaborar un 'censo' de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las asociaciones de familiares que han presentado denuncias en su juzgado tienen ahora 15 días para facilitarle la lista de desaparecidos y, en el caso de que lo sepan, su posible ubicación.

La iniciativa del magistrado ha abierto, por enésima vez, la caja de los truenos. Mientras que las asociaciones de víctimas han acogido la noticia con optimismo, incluso con euforia, las primeras voces críticas no han tardado escucharse. Y los primeros en arremeter contra Garzón han sido, paradójicamente, algunos de sus propios compañeros. 

Dos vocales del Consejo General del Poder Judicial han puesto en tela de juicio la probable investigación del magistrado. José Luis Requero, por ejemplo, ha calificado la iniciativa de "show judicial". Según argumenta, pedir información sobre fusilados a la Conferencia Episcopal demuestra "una ignorancia realmente preocupante".

Juan Pablo González, por su parte, opina que "un juez tiene perfectamente fijadas sus competencias, entre las que no está establecer censos ni hacer investigaciones históricas".

Los alcaldes 'acatan' y la Iglesia no se pronuncia

Alberto Ruiz Gallardón, uno de los cuatro alcaldes interpelados por el Baltasar Garzón, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid acatará "siempre" cualquier decisión judicicial y cumplirá "en todos los términos" el requerimiento del juez.

También se presta a colaborar el Ayuntamiento de Granada (PP). Según fuentes de consistorio, consultadas por RTVE.es, tanto el alcalde, José Torres, como el rector de la Universidad de Granada están a la espera de recibir la petición del magistrado. Cuando llegue, aseguran estas mismas fuentes, "la atenderán en la medida en que puedan".

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), ha ofrecido también toda su colaboración al juez Garzón "desde la normalidad, la tranquilidad y un espíritu total de concordia".

 

"Valoramos esta iniciativa desde la voluntad del ámbito judicial para dar respuesta a necesidades de sentimientos y de afecto de personas que quieren hacer el descanso en paz de restos de familiares suyos que no saben aún donde están", ha declarado Aguilar, también a la espera de la comunicación formal.

RTVE.es se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal, pero no ha querido hacer declaraciones. Quien sí se ha pronunciado ha sido el abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, que asegura que allí no existe ningún listado de fusilados durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista.

El PSOE aplaude y el PP habla de "abrir heridas del pasado"

Las reacciones políticas también se suceden en cascada. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado hoy el "respeto" del Gobierno a la decisión de Garzón y ha recordado que la Ley de Memoria Histórica promueve la "colaboración" de las instituciones con las familias que buscan a sus desaparecidos, porque "tienen derecho".

"Lo más prudente es no realizar valoraciones", ha añadido el presidente, en una rueda de prensa con el secretario de la ONU, Ban ki Moon.

La cúpula del PSOE se ha mostrado menos comedida. La secretaria de organización, Leire Pajín, asegura que un censo de desaparecidos en la Guerra Civil es algo "lógico, normal y de justicia" ya que supone "honrar a los muertos" y "recordar a las familias".

Por su parte, el número dos de los socialistas, José Blanco, ha dicho en RNE que las personas tienen el "derecho sagrado" a conocer "dónde están enterrados sus muertos, y eso no debe molestar a nadie".

Otras formaciones políticas, como ICV y ERC, también han mostrado su satisfacción. 

Mariano Rajoy, en cambio, ha declarado que no es "partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada". El presidente del PP aboga por "mirar hacia el futuro" y por recuperar el espíritu de la Constitución.

El vicepresidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja, ha tachado de "error" la investigación puesta en marcha Garzón, porque, según defiende, iniciativas como ésa sólo contribuyen a ahondar en la "división" entre españoles. Mayor Oreja ha arremetido también contra la Ley de Memoria Histórica, "una de las más perniciosas del Gobierno de Zapartero".

Satisfacción en las asociaciones de víctimas

Las dos grandes asociaciones por la memoria histórica, que buscan y exhuman desaparecidos por su cuenta desde hace años, han recibido con alegría la medida de Garzón.

"Llevamos 8 años realizando un trabajo que le corresponde a un Estado democrático", ha declarado Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A diferencia de España, "hay países subdesarrollados que buscan a sus muertos y los devuelven a su familiares y en España, lógicamente, tiene que ser así", apostilla.

Durante estos años de trabajo, la ARMH ha conseguido recuperar 1.200 cuerpos y devolverlos a sus familias. Esta misma semana tienen previsto trasladarse la localidad de Cereixido, en el municipio lucense de Becerreá, para localizar una nueva fosa en la que podría haber entre 10 y 12 fusilados.

La Asociación también dispone de un censo de desaparecidos con más de 10.000 nombres que, según Macías, están "a disposición de las autoridades".

Por su parte, José María Pedreño, ha pedido a Garzón a través de RTVE.es que haga "lo mismo que hizo en Argentina o Chile", en referencia a los procesos abiertos contra responsables de las dictaduras militares en estos países. El presidente de la Federación Estatal del Foro por la Memoria reclama al juez  que investigue los crímenes que se cometieron en España y que juzgue a los culpables, porque los "crímenes contra la humanidad no prescriben nunca".

En esta línea, la ONG Amnistía Internacional, que siempre ha criticado la tibieza de la Ley de la Memoria Histórica, asegura que la iniciativa de Garzón es "un paso más para que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación".