El PP acusa al Gobierno de utilizar el aborto "para tapar la crisis econEl PP acusa al Gobierno de utilizar el aborto "para tapar la crisis económica"

• González Pons que el PSOE no llevaba la reforma del aborto en el programa electoral
• La secretaria de Organización del PSOE asegura que existe una "demanda social"
• Las clínicas abortistas piden al Gobierno "una ley de plazos lo más amplia posible"
• La Asociación Provida se muestra "preocupada" por la decisión de desarrollar una nueva ley

El PP asegura que los socialistas utilizan políticamente la ley del aborto

Una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos por los que está atravesando el país. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de "utilizar a las mujeres como pantalla de humo para tapar la crisis económica".

En una entrevista en TVE, González Pons ha recordado que el PSOE no llevaba esta iniciativa en su programa electoral, para añadir que "habría que preguntarle al Ejecutivo si no lo hizo para que la gente le votase".

Estas declaraciones se han producido poco antes de que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, constituyera el comité de 13 expertos que va a asesorar al Ejecutivo para la preparación del proyecto de la nueva ley del aborto que entrará en vigor a finales de 2009, principios de 2010.

Pero ha habido más reacciones al anuncio del Gobierno.

• Partido Socialista

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha destacado la "demanda" social de una nueva ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo y ha asegurado que el objetivo será diseñar "la mejor ley, la que más garantías dé y con el mayor consenso posible".

Con ese fin, según ha explicado en una entrevista con RNE, trabajará el comité de expertos que asesorará al Gobierno y la subcomisión que se creará en el Congreso.

En opinión de la dirigente socialista, hay una demanda en la sociedad a la que hay que dar respuesta "de una vez por todas", ya que la actual ley del aborto se aprobó hace 23 años y corresponde "a la España de hace 23 años".

A su juicio, a pesar de que la ley ha funcionado "relativamente bien", hay que atajar dos problemas: el aumento "inexplicable e intolerable" de embarazos no deseados y la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales sanitarios.

• Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha pedido al Gobierno que la nueva norma sobre el aborto que se ha comprometido a impulsar sea "una ley de plazos lo más amplia posible",

Acai ha denunciado, además, que en el Comité de Expertos que asesorará al Ejecutivo en la redacción del texto normativo no estén representados los profesionales que practican abortos.

"La única manera de resolver el problema del aborto en este país es tener una ley de plazos lo más amplia posible", ha declarado a Servimedia Empar Pineda, portavoz de ACAI. Pineda insiste además en que debe ir acompañada de campañas informativas sobre salud sexual y reproductiva entre los adolescentse.

A su juicio, el modelo que el Gobierno debería seguir a la hora de plantear la nueva norma es el andaluz, donde, explicó, los centros públicos de salud remiten a las mujeres que desean interrumpir su embarazo y cumplen alguno de los supuestos ahora despenalizados a las clínicas acreditadas para practicar abortos.

• Federación Española de Asociaciones Provida

La Federación Española de Asociaciones Provida ha lamentado que el Comité de Expertos que asesorará al Gobierno en la redacción de una nueva ley del aborto esté formado por personas "totalmente abortistas" y no haya en él ningún psiquiatra ni representantes de las mujeres que han sufrido una interrupción del embarazo.

Así lo ha subrayado a Servimedia la presidenta de Provida, Alicia Latorre, quien ha añadido, no obstante, que su organización no ha perdido la esperanza de que el debate acerca del aborto que ahora se abre sirva para arrojar luz sobre la "terrible realidad" de la interrupción del embarazo.

"Estamos de acuerdo en que hay una situación que corregir, pero la ampliación de la ley del aborto no es precisamente la solución", defiende Provida.

A su juicio, lo que el Gobierno debe hacer es "corregir la situación de desamparo en la que se encuentran muchas mujeres embarazadas y el nulo compromiso institucional por ayudarlas".

"Hay que corregir la pretensión de convertir los delitos en derechos y la utilización de un lenguaje engañoso y manipulador y corregir a los que defienden que una violencia tan despiadada contra el no nacido y su madre es signo de progreso y libertad", prosigue la citada federación.