Ibarretxe tendrá seis meses para recurrir ante Estrasburgo la decisión del Constitucional

• El recurso deberá estar redactado a título individual o por un grupo de afectados
• Ni el Gobierno vasco ni el Parlamento vasco pueden personarse como recurrentes
• Deben demostrar la vulneración de los derechos recogidos en el Convenio de Roma

Socialistas y populares vascos han pedido al lehendakari que abandone la idea de la consulta

El 'lehendakari' Juan José Ibarretxe contará con un plazo de seis meses para recurrir al Tribunal de Estrasburgo a partir del momento en el que se le notifique la sentencia del Constitucional. Este jueves, los magistrados del Tribunal declararon ilegal, por unanimidad, la Ley de Consulta aprobada por su Gobierno. 

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el recurso deberá estar redactado a título individual por el jefe del Ejecutivo vasco o por un grupo de afectados por la medida. La tramitación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo puede ser planteada por un Estado, una persona física, una organización no gubernamental (ONG) o un grupo de particulares que se consideren afectados en sus derechos por una decisión judicial de un Estado miembro y ya hayan agotado todos los recursos en su país de origen.

De esta forma, el Gobierno vasco, impulsor de la Ley de Consulta, y el Parlamento de esta comunidad autónoma, que la aprobó por mayoría, no podrían personarse en ningún caso como recurrentes. El Ejecutivo español es el único órgano administrativo legitimado legalmente para entablar este tipo de procedimientos.

Vulneración de algún derecho

Con respecto al contenido, el recurso debería poner de manifiesto para prosperar la vulneración del Convenio de Roma (1950), que regula los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

Entre los derechos recogidos en este convenio se encuentran los relacionados con la vida, la libertad, la seguridad, la persecución de la tortura, la existencia de un proceso judicial equitativo o las libertades de pensamiento y expresión. Según los expertos en Derecho Comunitario consultados por Europa Press, la consulta de Ibarretxe difícilmente tendría encaje en alguno de ellos.

En caso de que el Tribunal de Estrasburgo decidiera admitir a trámite el recurso, tras comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos por la legislación europea, comenzaría un largo procedimiento judicial que incluiría la celebración de audiencias y la práctica de pruebas.

Sentencia vinculante para España

Al término de este proceso, que podría alargarse varios años, la sala encargada del caso dictaría sentencia. En el hipotético caso de que se diera la razón a los recurrentes, el Tribunal advertiría al Estado español de la violación de derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional.

Las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo son vinculantes para todos los estados firmantes del Convenio de Roma y sus protocolos, entre los que se encuentra España, que están obligados a acatarlas. Sin embargo, en el caso de la consulta vasca, las fuentes consultadas apuntan que difícilmente podría tener consecuencias jurídicas más allá de esta mera declaración formal.