Ilegalización de ANV, ¿Y ahora qué?

• El Gobierno estudia cómo aplicar la sentencia de ilegalización de la formación política
• El Supremo dictó su disolución, que no obliga a los concejales a entregar sus actas

¿Cómo aplicar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV)? Ése es el dilema en la que se encuentra el Gobierno español una vez que ha sido ordenada la disolución de este partido político, que cuenta con la representación de 432 concejales y que gobierna en 42 consistorios, desde las elecciones municipales de 2007.

• ¿Van a disolverse los grupos municipales de ANV?

La sentencia del Tribunal Supremo así lo ordena, por lo que dejaran de cobrar subvenciones al no constar de grupos municipales. Sin embargo, aún no se sabe cómo se disolverán esos grupos ni si se presentarán mociones de censura para sacar del poder a los alcaldes de ANV.

• ¿Saldrán los concejales de ANV de los ayuntamientos?

La ley dice que la representación es personal, por lo que tras la ilegalización de su partido no tendrán que devolver sus actas de concejales ni dejarán de percibir retribuciones personales. Podrán seguir ejerciendo su labor como concejales hasta final de su mandato, en 2011.

• ¿Qué puede hacer el Gobierno para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo?

Aunque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró tras conocer el fallo judicial que el Ejecutivo "no se plantea instar la disolución de ningún ayuntamiento con mayoría de ANV", distintos medios han arrojado luz sobre cuál será la actitud del Gobierno para la aplicación del fallo. Según publican El Mundo y El País, la Abogacía del Estado elaborará un informe sobre la posibilidad de disolver las corporaciones gobernadas por ANV mediante la aplicación del artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, la misma que se aplicó en el Consistorio de Marbella tras el caso Malaya.

Este precepto permite disolver corporaciones locales que den "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo y a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

De esta forma, el Consejo de Ministros, a iniciativa propia, podría ordenar la disolución mediante Real Decreto de los consistorios regidos por alcaldes de ANV.