El Gobierno ofrece dar cobertura legal y económica a las prostitutas víctimas de la explotación sexual

• Antes de expulsarlas del país tendrán un mes para decidir si denuncian a sus explotadores
• También tendrán asistencia social y jurídica, y serán alojadas en centros de acogida
• Son medidas incluídas en el Plan de lucha contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres
• Al año más de 18 mil mujeres extranjeras en España son víctimas de la explotación sexual

Las prostitutas que sean víctimas de trata de personas y deseen denunciar a sus agresores contarán, durante un mes, con ayudas económicas, asistencia social y jurídica, y además serán alojadas en centros de acogida.

Así lo recoge el borrador del Plan Integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, presentado hoy en rueda de prensa por la titular del Ministerio de Igualdad, Bibiana Aído, con motivo del Día Internacional contra la explotacion sexual y la trata de personas.

El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes, la mayoría ilegales. De ellas, más del 80% son víctimas de trata de personas, según aseguró Aído.

"El imaginario de una mujer que ejerce la prostitución libremente no es real, ocho de cada diez lo hacen forzadas", señaló Aído. Por ello, este Plan Integral ofrece a las víctimas de trata de personas "garantías jurídicas" y "asistencia letrada gratuita" para que "niños, niñas y mujeres víctimas de este delito especialmente espeluznante" den el paso de denunciar y "los delincuentes acaben ante el juez", comentó Aído.

Otras de las medidas más destacadas del plan son, la formación de profesionales preparados para ayudar a las prostitutas víctimas de este delito, y la puesta en marcha de campañas de sensibilización para que los ciudadanos sean conscientes del problema.

Más de 18.000 mujeres extranjeras en España son víctimas de la explotación sexual

 

Según el informe 'Lucha contra la Trata de Mujeres' de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) más de 18.000 mujeres extranjeras en España son víctimas de la explotación sexual cada año, aunque el número de casos identificados "no representa ni la mitad de los existentes".

Para el colectivo, "España constituye uno de los países principales de destino de estas mujeres", por lo que es necesario que se apruebe un plan nacional contra la trata de mujeres; que se transponga una Directiva Europea, para que se conceda el permiso de residencia a estas víctimas y se incorpore en la Ley integral contra la violencia de género al colectivo de prostitutas.

La legislación sólo protege a las mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas, pero no a las prostitutas, que, según denuncia Mujeres Progresistas, "no computan en las estadísticas oficiales" porque la Ley Integral omite que "la explotación sexual es también violencia machista".

Más de la mitad proceden de Latinoamérica

Asimismo, el informe, basado en datos de la Guardia Civil, revela que Madrid, Castilla-La Macha y Valencia son las comunidades autónomas en las que, en 2006, la Guardia Civil y la Policía Nacional localizaron un mayor número de víctimas, las cuales, más de la mitad (el 58,59%) fueron identificadas en clubes de carretera y provenían de Iberoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana, principalmente).

En cuanto al número de denuncias, la organización sostiene que sólo un tercio de estas mujeres suramericanas pusieron en conocimiento de las autoridades su situación de explotación, ya que "existe la dificultad de que se reconozcan como víctimas" porque las redes latinoamericanas "suelen dejar libres a estas mujeres una vez han terminado de pagar la deuda".

Sin embargo, su situación irregular y la obligación de enviar dinero a sus familias, "les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres". Asimismo, el informe de Mujeres Progresistas asegura que el tiempo en que tardan en pagar la deuda oscila entre "uno y dos años".

La feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares, las dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo, o la visión idílica de España, son, según la FMP "las principales causas" que obligan a estas mujeres a emigrar. Además, en muchos casos son captadas por los "propios familiares" (el 72,5%).

El colectivo asegura que la mayoría de estas ciudadanas latinoamericanas trabajaban en sus países de origen (83%) y tenían estudios primarios (56,3%). "El caracter familiar de las redes de trata que operan en América Latina incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y acentúa el riesgo de ser captadas", añade la formación.