Garzón pide información sobre tribunales republicanos para su censo de desaparecidos

• El juez exige a la Conferencia Episcopal que "colabore con la Administración de Justicia"
• Da un plazo de una semana a las asociaciones de víctimas para presentar un listado único
• La ARMH considera "normal" que el juez amplíe la investigación a los tribunales republicanos
• De momento, ha recibido más de 143.000 nombres de personas desaparecidas

El censo de desaparecidos de Baltasar Garzón también podría incluir a víctimas franquistas de tribunales republicanos. El juez de la Audiencia Nacional ha ampliado su petición de información sobre el número de muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura a diferentes organismos estatales, entre los que ha incluido a tribunales republicanos de Madrid.

En concreto, el juez solicita información de los tribunales de Justicia de Madrid creados "durante la defensa de la capital de España en la Guerra Civil (Jurado de Urgencia, Juzgado especial de la rebelión militar, Tribunal especial de Espionaje y alta traición y los tribunales o jurados populares)". 

"Me parece normal, no veo nada contradictorio. Garzón quiere tener toda la información de lo que pasó, como la queremos tener las asociaciones, y está buscando en todos los lugares donde pueda encontrar recuros. Hay que recuperar todo el pasado", explica a RTVE.es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Silva, cuya asociación lleva cerca de una década desenterrando desaparecidos por su cuenta, recuerda que la mayoría de las víctimas franquistas ya han sido exhumadas. Según el presidente de la ARMH, más allá de la Causa General, que investigó y localizó a estas víctimas durante dos décadas, hubo una voluntad politica que perduró en el tiempo para exhumar a las víctimas de los republicanos.

"La mayoria de la gente que pudo acabar en fosas comunes en esos años fue exhumada. La de Paracuellos no se abrió porque los familiares no quisieron. Si buscas, en el BOE hay un montón de órdenes de exhumación sólo para los asesinados por republicanos. Puede que quede todavía algún caso, pero debe ser relativamente excepcional", opina Silva.

Garzón exige a la Iglesia que colabore

La petición de información sobre víctimas de tribunales republicanos llega apenas un mes después de que el magistrado solicitara información a varios ayuntamientos, instuciones públicas y a la Conferencia Episcopal sobre el número de desaparecidos en la guerra y la dictadura.

Garzón pidió entonces a la Iglesia permiso para acceder a los libros de difuntos de las parroquias españolas y de la Abadía del Valle de los Caídos. La Conferencia Episcopal contestó que no era una institución apropiada para ese cometido, sino que la responsabilidad recaía sobre los obispos de cada diócesis. 

El abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, aseguró, por su parte, que allí no existe listado alguno de los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.

En su nueva providencia, Garzón vuelve a dirigirse a la Conferencia Episcopal "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia". También insta de nuevo al abad del Valle de los Caídos a que "en plazo razonable pero urgente" proceda a enviarle el listado de los enterrados en el mausoleo y le especifique, en su caso, las dificultades con las que se encuentre y la forma de subsanarlas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica critica la falta de colaboración de la Conferencia Episcopal y exige que pida perdón por su "participación activa" en la represión franquista .

"Me parece que forma parte del ejercicio de doble moral que mantiene sobre este tema, primero durante la dictadura y luego en la democracia. Repiten que este tema no hay que tocarlo, que ya nos hemos reconciliado en la Transición, pero al mismo tiempo canonizan a asesinados por los republicanos y construyen una basílica para los mártires en Valencia. Hay un pasado que les sirve porque les hace víctimas y un pasado que no les sirve porque les hace verdugos. ", señala su presidente, Emilio Silva, a RTVE.es.

RTVE.es se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal, pero no ha hecho declaraciones. Un portavoz nos remite a una rueda de prensa que darán mañana los obispos con motivo de la Comisión Permanente.

Un listado único en una semana

Garzón reclama además a las asociaciones de familiares de desaparecidos, que el pasado lunes presentaron un listado en el que censaban a 143.353 personas, que aporten en el plazo de una semana un "listado único" para eliminar la posibilidad de que existan "identidades repetidas".

Según el presidente de la ARMH, que ha aportado unos 2.000 nombres a esa lista, les esperan unos días de duro trabajo para centralizar toda la información, porque "unos datos están digitalizados y otros no". Silva ha explicado a RTVE.es que para reunir los más de 143.000 nombres que le han remitido al juez ha sido necesario el trabajo de investigadores de toda España, divididos por zonas.

Dentro de una semana, cuando presenten ese listado único requerido por Garzón, el juez resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados.

Cultura habla de "millones de documentos"

La documentación solicitada por Baltasar Garzón al Ministerio de Cultura en relación con el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil, es "cuantiosísima" y representa "cifras extraordinarias", millones de fichas y documentos que fueron realizados en su momento "con criterios represores" por lo que toda esa información debe ser cotejada, según ha señalado el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.

Blanco ha explicado que Garzón ha pedido información que afecta a tres archivos: el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca; el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares; y el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Mucha de la documentación que ahí se encuentra está "de muchas maneras". "Alguna bien descrita, catalogada, digitalizada y disponible inmediatamente en red y otra no", ha señalado.

Rogelio Blanco ha indicado así que, por ejemplo, en el Centro de la Memoria Histórica hay 3,5 millones de fichas onomásticas y que en el Archivo General de la Administración existe un archivo de la represión que tiene 300.000 fichas, también onomásticas. Aludió igualmente a "cuantiosa documentación" sobre pagadurías al Ejército y secundaria del Ejército de Tierra.

Rogelio Blanco ha resaltado el hecho de que toda esta documentación, fundamentalmente jurídica, fue realizada en su momento por la policía "con criterios represores y no archivísticos". Por ello "debe ser cotejada y requiere un tratamiento adecuado pero con criterios archivísticos", dijo. "Previsiblemente muchos de los índices onomásticos habrá que cruzarlos porque se repitan", apostilló