Uribe decreta el estado de excepción en Colombia a causa de la huelga de los empleados judiciales

• El paro comenzó hace 36 días y ha dejado sin aplicar 160.000 sentencias
• Los huelguistas quieren mejoras salariales pero no aceptan las ofertas del Gobierno
• La situación ha costado pérdidas valoradas en más de seis millones de dólares
• Durante este mes de paro, más de 2.700 personas han sido detenidas por delitos graves
• Es la segunda vez que Uribe decreta el estado de excepción, la primera fue por terrorismo

El Gobierno de Colombia ha decretado el estado de conmoción interior -estado de excepción- para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que comenzó hace 36 días y ha bloqueado las sentencias de cerca de 160.000 procesos, según ha anunciado el presidente del país, Álvaro Uribe.

El mandatario ha explicado en una alocución que se ha decidido declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Uribe ha anunciado que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y se han tenido que suspender más de 25.000 audiencias.

"Esto le causa al país una tragedia", ha afirmado Uribe, quien ha sido asesorado por su equipo antes de tomar la decisión de decretar el estado especial por 90 días. Según fuentes oficiales, después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares. Decisión amparada por la Constitución

 

De acuerdo con la Constitución colombiana, "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

Uribe ha advertido de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril del 2006.

Negociaciones sin avances

El Gobierno propuso bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) para los empleados judiciales.

Pero los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.

El lunes pasado, en un último esfuerzo por conjurar la huelga, el mandatario firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial.

El presidente dijo ese día que las bonificaciones decretadas eran lo máximo que puede hacer el Ejecutivo para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese "gran esfuerzo".

El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Segunda vez que Uribe decreta el estado de excepción

Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.

Los primeros dos decretos expedidos hoy al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos.

Con todo, Uribe ha asegurado que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.