Barreda amenaza con retirar el estatuto si las enmiendas del PSOE y el PP lo desvirtúan

• Los dos principales grupos defienden las competencias del Estado en materia de agua
• El estatuto de Castilla La Mancha defiende la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015
• El presidente manchego lo tacha de "ineficaz, inservible y obsoleto a medio y largo plazo"
• El PP lo tacha de "insolidario" y De la Vega le recuerda que debe ajustarse al interés general

Gobierno y PP han coincidido en defender las competencias del Estado en materia de agua frente a la exigencia del estatuto de Castilla La Mancha de que el trasvase Tajo-Segura caduque en 2015. 

Lo han hecho durante la toma en consideración del texto estatutario aprobado por las Cortes de Castilla La Mancha con el acuerdo de los dos grandes partidos, pero que cuenta con una firme oposición de las comunidades del Mediterráneo.

Por eso, al presentarlo, el presidente de esta región, el socialista José María Barreda, ha querido subrayar que si resulta "devaluado" o "modificado sustancialmente" pedirá su retirada y "seguiremos luchando".

A esta advertencia ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha considerado legítimo que Castilla-La Mancha formule su interpretación sobre el reparto de competencias en materia de agua, pero ha recordado que las Cortes deben adecuar ese planteamiento al proyecto común de toda España.

Barreda arremete contra el trasvase

Con todo Barreda ha recalcado su disposición al diálogo y al consenso para lograr un "buen acuerdo para todos, sobre todo para Castilla-La Mancha", pero "no a cualquier arreglo que trate de conformarnos con cualquier cosa".

Por ello, ha pedido "rigor y respeto" a las Cortes regionales, cuya legitimidad nunca negará, y, por ese mismo respeto, ha advertido de que si el texto fuera "modificado sustancialmente sin que los intereses de Castilla-La Mancha se vieran reconocidos", pedirá a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retiren.

La medida que genera esta división es la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015 que marca como objetivo el Estatuto para terminar con un trasvase "ineficaz, inservible y obsoleto a medio y largo plazo", dado que, según ha planteado José María Barreda, "por qué se rechaza un trasvase previsto desde la desembocadura y se acepta uno que sale desde la cabecera".

La modificación de este Estatuto ha causado problemas a las direcciones nacionales de ambos partidos por la oposición de murcianos y valencianos, ya que el proyecto pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

PSOE y PP votarán a favor

Por su parte, Fernández de la Vega ha afirmado que el nuevo texto estatutario quiere afrontar nuevos retos como la política del agua, y ha considerado "legítimo" que al elaborar sus propuestas de reforma las comunidades autónomas formulen su propia interpretación del reparto de competencias en esta materia.

No obstante, ha remarcado que las Cortes Generales "están legitimadas para promover y adecuar los planteamientos legítimos de las comunidades autónomas al proyecto común de todos los españoles dentro de los márgenes constitucionales, y así lo haremos mediante el diálogo, el debate de ideas y la voluntad de alcanzar un acuerdo".

Mientras tanto, el diputado del PP Arturo García Tizón, diputado por Toledo y encargado de dar a conocer la postura de su grupo, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de albergar "poca solidaridad" con otras comunidades autónomas en lo relativo a la política hidrológica.

A su juicio, el presidente castellano-manchego, que ha formado parte de la delegación que ha defendido el proyecto en representación de las Cortes de la comunidad autónoma, "ha equivocado el discurso y el lugar" al dedicar su alocución en el Congreso a reclamar una gestión hidrológica más favorable para la región.

Pese a ello, el parlamentario popular ha anunciado que su grupo votará a favor de la aceptación a trámite de la reforma estatutaria al igual que el PSOE, sin que ello impida que luego interponga tantas enmiendas como considere para acoplar el texto a la Constitución.