La detención de Pinochet en Londres, diez años de lucha contra la impunidad

• El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue detenido en Londres
• La Cámara de los Lores británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad 
• Fue formalmente acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas
• Su detención "marcó una nueva era para los derechos humanos"

Informe semanal - Pinochet detenido en Londres

El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue detenido en Londres.

La Cámara de los Lores británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad procesal como ex jefe de Estado, sobre la base de una solicitud de extradición presentada por un juez español. Pinochet fue formalmente acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Durante su dictadura en Chile, entre 1973 y 1990, fueron asesinadas 3.000 personas y 28.000 fueron torturadas. Falleció a los 91 años edad en el Hospital Militar de Santiago de Chile en diciembre de 2006.

Murió sin haber rendido cuentas con la justicia por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos durante su régimen, ni los delitos económicos vinculados a cuentas secretas que se le imputaban.

Como dijo el escritor uruguayo Mario Benedetti al conocer el fallecimiento del ex dictador chileno, "la muerte le ganó a la justicia", pero 10 años después, la histórica detención del ex presidente chileno, ha marcado un antes y un después en la jurisdicción universal.

El procesamiento de Pinochet ha inspirado en una década otras muchas causas judiciales en todo el mundo contra violaciones de los derechos humanos. "En varios países se está investigando y procesando a ex jefes de Estado. Los responsables de violaciones de derechos humanos que gozan de protección en su propio país pueden ser procesados en otros países, que actúan en nombre de la comunidad internacional", ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI).

La organización humanitaria asegura que la detención de Pinochet "marcó una nueva era para los derechos humanos", porque "llevó la esperanza de la Justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Chile".

En Chile y en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza. Muchos países se han acogido a la jurisdicción universal desde entonces, para investigar y procesar a varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos.

Obstáculos y amenazas de la jurisdicción universal

En la víspera del X Aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Amnistía Internacional conmemora este hito en la lucha contra la impunidad publicando un informe , donde la organización identifica obstáculos y amenazas para ejercer la jurisdicción universal y acabar con la impunidad.

Entre los obstáculos los responsables del informe citan la interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal, la prescripción de algunos delitos de derecho internacional, la falta de voluntad política de cooperar con los tribunales de justicia y la injerencia de criterios políticos que pueden afectar a las decisiones de la justicia.

Para garantizar que todo delito de derecho internacional sea correctamente tipificado de acuerdo a las normas internacionales y sancionado de acuerdo a su gravedad, AI recomienda a las autoridades españolas la reforma de varias leyes sobre la Cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) y una reforma del Código Penal.

Amnistía Internacional denuncia sobre todo que mientras el derecho nacional no tipifique como delito las conductas prohibidas por el derecho internacional, éstas podrían quedar impunes. La organización considera especialmente grave el hecho de que el ordenamiento jurídico español no defina conforme al derecho internacional el delito de tortura y no estén tipificados adecuadamente los delitos de desaparición forzada de personas, las ejecuciones extralegales y sumarias y los crímenes de índole sexual.

Desde España, jurisdicción universal para acabar con la impunidad

Cualquier Estado del mundo puede investigar, si existen pruebas admisibles suficientes, o procesar a cualquier persona sospechosa o acusada de haber cometido un delito contemplado por el derecho internacional. Así se define la Jurisdicción universal, que otorga además la reparación a las víctimas o a sus familiares, independientemente de la nacionalidad del sospechoso o acusado o de la víctima o del lugar en el que se cometió el delito.

España acumula una amplia experiencia en la aplicación de la jurisdicción universal. Según informes de Amnistía Internacional se han iniciado 17 causas basadas en este principio. De ellas, seis querellas o denuncias no han sido admitidas a trámite: Fujimori (Perú), Colombia, Castro (Cuba), Obiang (Guinea Ecuatorial), Hassan II (Marruecos) y  Atenco (México).

Otros once procesamientos judiciales han sido ya admitidos, sea en la instrucción o con auto de procesamiento: en Chile el caso de Pinochet, en Argentina la extradición de 40 personas y el caso Cavallo en Guatemala, Falun Gong en Tibet, casos en el Sahara Occidental, el caso Couso, Ruanda, los campos de concentración nazis, Palestina e Israel y finalmente una sola ha alcanzado juicio oral y sentencia, el caso del militar argentino Scilingo.