Garzón ordena exhumar 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta García Lorca

• Se declara competente para investigar las desapariciones del franquismo
• Argumenta que son crímenes contra la humanidad no investigados
• La Fiscalía anuncia que recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional
• Autoriza la exhumación de 19 fosas, entre ellas la del poeta García Lorca
• Pide el certificado de defunción de 35 responsables del régimen franquista
• Quiere así declarar extinguida la responsabilidad de éstos, incluido Franco
• Los familiares de las víctimas se han mostrado "muy satisfechos"
• Lea el auto del juez Baltasar Garzón (PDF)
• ¿Crees que se deben investigar las desapariciones de la Guerra Civil?

Garzón va a investigar las desapariciones de la guerra civil y la dictadura franquista

El juez Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Por su parte, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de declararse competente, ya que e departamento que dirige el fiscal jefe Javier Zaragoza considera, al contrario de lo defendido por Garzón, que los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

En un auto de 68 páginas en el que admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca,  en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.

Como responsables de estos hechos el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el dictador Francisco Franco, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.

También Reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.

Argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas "por la Justicia española", porque los hechos (el alzamiento militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.

Agiliza la apertura y búsqueda de fosas comunes

El juez ha decidido, además, crear un grupo de siete expertos -cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial- con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Éstos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos. 

La decisión tomada este jueves obedece a las denuncias presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional. 

Además, pedían la investigación de las llamadas "sacas", listas en las que figuraban los nombres de los presos que teóricamente habían sido trasladados de los recientos penitenciarios, aunque en realidad eran reos que habían sido ejecutados.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. 

La Fiscalía sostiene que no es su competencia

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada. 

La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República. 

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. 

Amnistía y las familias apoyan a Garzón

Según un comunicado emitido por Amnistía Internacional (AI), con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo.

Por su parte, las familias de los desaparecidos también parecen haber acogido la decisión del Magistrado con optimismo y entusiasmo.

Los nietos del banderillero Francisco Galadí y el maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo se han mostrado "muy satisfechos" y "emocionados" por la autorización de Baltasar Garzón de realizar la exhumación de los restos de sus familiares.