El Gobierno reforma la normativa de Servicios para acabar con el 'Vuelva usted mañana'

• La trasposición de la directiva europea de servicios elimina el 'via crucis' administrativo
• Los empresarios no tendrán que pedir autorización previa excepto en casos especiales
• Abre la puerta al libre establecimiento de empresa europeas de servicios en nuestro país
• Para Solbes supone una reforma de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual"
• Augura que supondrá reducir a la mitad el diferencial de inflación con la media europea

Una medida para acabar con el 'via crucis' que supone abrir una empresa de servicios en España y reducir a la mitad el diferencial de inflación de España con la Unión Europea.

Así ha presentado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, medida estrella contra la crisis aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros y que, a su juicio, supondrá una reforma estructural de "hondo calado" y un cambio "cultural y conceptual" del funcionamiento de los servicios en España.

Sin embargo, esta directiva no está exenta de polémica. Aprobada finalmente en diciembre de 2006, tiene dos ejes fundamentales: la simplificación de procedimientos y trámites para el ejercicio de una actividad de servicios y el establecimiento de un sistema de cooperación administrativa entre los estados miembros para desarrollar el mercado interior, de forma que abre la puerta al libre establecimiento de empresas de servicios de toda la Unión Europea.

Más competitividad

Esta medida, insertada en el contexto de la Agenda de Lisboa, que busca de manera general acabar con el diferencial de competitividad de la UE con respecto a otras potencias como Estados Unidos, generó un fuerte rechazo en los partidos de izquierda, acusando a la Comisión Europea de adoptar políticas neoliberales.

En el caso español, la trasposición quiere que la diferencia de inflación con la UE baja del 1% al 0,5% gracias al aumento de competitividad en este sector generado por la eliminación de trámites innecesarios.

Además, la reforma hará aún más fuerte el peso de los servicios sobre el PIB español, que aumentará ocho décimas -hasta el 67,5% del total- mientras que mejorará en tres décimas el volumen que los servicios tienen sobre el empleo -hasta el 66,5%-.

El fontanero polaco

La polémica más famosa fue la del 'fontanero polaco', un lema adoptado por los partidarios del No a la Constitución Europea en Francia, que ponía este ejemplo para ilustrar lo que podía ocurrir con esta normativa: que empresas locales de servicios quebrasen por la llegada de empresas de países del este con salarios más bajos.

Pese a que se trató de un ejemplo ficticio, sí se produjo su traslación literal en Suecia, donde una empresa letona que había ganado un concurso de construcción se amparó en la directiva para poner los sueldos de sus trabajadores al nivel de Letonia.

Estas protestas tuvieron su efecto y el Parlamento Europeo modificó la directiva para acabar con el principio de país de origen, según el cual las empresas europeas podían ajustarse a la legislación de su país de origen cuando operasen en otros países de la UE.

Además, da a los Estados miembros capacidad para establecer excepciones a esta directiva, de forma que no vaya en contra de los equilibrios internos de su mercado.

El Gobierno utiliza esta potestad cuando haya escasez de recursos naturales para prestar dicho servicio, lo que conllevará una concesión que debe decidirse de forma "imparcial".

Solbes ha ensalzando la Directiva Europea de Servicios recordando que su objetivo es el de lograr una regulación más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades del sector, y que para ello se reducirán las trabas administrativas y se suprimirán los obstáculos que restringen "injustificadamente" la puesta en marcha de estos negocios.

El objetivo último es conseguir un sector servicios mucho más competitivo, que genere más empleo y al final dé satisfacción a los ciudadanos.

Medida modernizadora

Solbes ha señalado también que la trasposición obligará a cambiar 7.000 normas para establecer criterios comunes para todas las administraciones públicas, con el objetivo de servir de guía a todas ellas a la hora de establecer su regulación, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

En la rueda de prensa, el ministro ha subrayado que en la coyuntura económica actual el gobierno tiene que actuar desde dos frentes, primero con medidas a corto plazo para paliar los efectos de la crisis y después con reformas a largo plazo que permitan preparar la economía para la recuperación.

En este segundo frente se incluye esta amplia reforma normativa, "una de las más relevantes en términos de modernización económica de la administración y la sociedad", según Solbes.